Washington.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Estados Unidos escuchará mañana argumentos acerca de si la forma en que aplica la pena de muerte es un "castigo cruel", después de tres décadas de haberla autorizado y de haber ejecutado casi 1.100 personas.
Actualmente hay más de 40 condenados a muerte en todo el país afectados por una moratoria de facto en las ejecuciones a la espera de que el Supremo decida si la inyección letal -que se ha convertido en el método de ejecución más común- viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los "castigos crueles e inusitados".
Lo que está en discusión no es la constitucionalidad misma de la pena de muerte, sino si el método de ejecución y la forma en que se aplica causa sufrimientos al reo, y que entran en la definición constitucional de crueldad.
Actualmente 35 de los 36 estados que usan la pena de muerte emplean diferentes combinaciones de los tres mismos compuestos químicos para sus ejecuciones por inyección letal.
Kentucky emplea el compuesto tiopental sódico, un anestésico poderoso que deja inconsciente al reo, luego se administra pancorio, que paraliza los músculos, y finalmente potasio, que detiene el corazón del ejecutado.
Los demandantes en el caso de Ralph Baze, un condenado a muerte en Kentucky, sostienen que hay muchas probabilidades de que esta combinación cause dolor grave e innecesario al reo que, afectado por el pancorio, no puede expresarlo.
Deborah Denno, una profesora de leyes en la Universidad Fordham, indicó que ha habido un buen número de ejecuciones malogradas en todo el país y esto trajo un escrutinio "sin precedentes" sobre el método.
"Es un método terriblemente problemático de ejecución", añadió. "Hay ahora menos confianza en los departamentos correccionales y acerca de qué ocurre realmente durante las ejecuciones", señaló Denno en declaraciones al diario The Washington Post.
El año pasado hubo 42 ejecuciones en EE.UU., la cifra más baja en trece años, y muchas solicitudes de postergar ejecuciones se otorgaron debido a que el método es la inyección letal y los Estados aguardan la decisión del Supremo.
Baze mató a dos policías que llegaron para entregarle una orden judicial en 1992. El otro caso similar también en Kentucky es el de Thomas Bowling, quien en 1990 mató a balazos a una pareja e hirió a su hijo pequeño, después que chocó su auto contra el de sus víctimas.
Actualmente hay unas 3.350 personas condenadas a muerte en todo el país.
Desde el restablecimiento de la pena capital en 1976, el 67 por ciento de las condenas ha sido eventualmente anulado debido, principalmente, a la incompetencia de la defensa legal, procedimientos policiales erróneos o la supresión de pruebas por parte de la fiscalía y jueces que dieron a los jurados instrucciones equivocadas.
El siete por ciento de los condenados cuyas sentencias de pena de muerte fueron anuladas entre 1973 y 1995 fueron luego absueltos de los crímenes que se les imputaba.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró hace mucho tiempo que la pena de muerte es constitucional, pero algunas decisiones que el tribunal adoptó en 2004 y 2006 abrieron la senda para que los reos, agotadas sus apelaciones, en lugar de proclamar su inocencia denuncien el método de ejecución.
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