El Gobierno ha pedido a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos que investiguen el acuerdo firmado el pasado 2 de enero entre la Comunidad de Madrid y el Obispado por el que se da por hecho la presencia de representantes religiosos en los comités éticos de los hospitales madrileños. Aunque estos órganos son consultivos, médicos, juristas y la asociación del defensor del paciente expresaron ayer su rotunda oposición a que se emitan juicios morales -y no bioéticos- sobre cuestiones como los cuidados paliativos, la interrupción de un embarazo fuera de plazo o la reanimación de un bebé con malformaciones, de las que se encargan estos comités.
La Comunidad de Madrid y la Iglesia renovaron el pasado enero un acuerdo -que llevaba vigente desde 1997- por el que los sacerdotes, capellanes y diáconos que dan asistencia religiosa a los pacientes "formarán parte de los Comités de Ética y del Equipo de cuidados paliativos" de los hospitales públicos. Ya en 2003 se dejaba abierta la puerta a que estos asistentes católicos fueran miembros de los órganos encargados de resolver conflictos entre ética y medicina, aunque sus decisiones no fuesen vinculantes, pero ahora la redacción del pacto lo da por hecho.
El documento mantiene que los curas no se limitarán exclusivamente a dar asistencia religiosa a los enfermos que lo solicitan, sino que también participarán en los comités de asesoramiento de los hospitales públicos, al mismo nivel que médicos, enfermeros (con conocimientos científicos), abogados y representantes de pacientes (legislativos) que conforman estos órganos. Ya el decreto 61/2003 de la Comunidad de Madrid [documento pdf], que regula estos comités, dejaba abierta la posibilidad de que los religiosos formaran parte de los mismos, pero ahora -y esa es la novedad- se da por hecho que "formarán parte" de los Comités de Ética de Asistencia Sanitaria (CEAS). Los CEAS son foros "plurales, independientes, abiertos, representativos de la sociedad, que defienden a los pacientes y tratan de resolver los conflictos que surgen dentro del hospital", señala el doctor Miguel Casares, presidente del Comité Ético del Hospital de Getafe. Sus decisiones, "que suelen ser unánimes", no tienen carácter vinculante, únicamente se limitan a asesorar a personal médico, pacientes y familiares sobre ciertos tratamientos donde existe conflicto entre ética y medicina, como los cuidados paliativos o la retirada de la asistencia mecánica.
Para Casares, "no tiene ningún sentido que se imponga la presencia de religiosos, únicamente por su condición de miembros de la Iglesia, sin tener en cuenta si tienen o no conocimientos en bioética". Siguiendo este patrón, apunta el doctor, "deberían estar presentes representantes de la comunidad islámica, de los Testigos de Jehova..., un sinsentido". De la misma opinión se expresa la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, para quien debe quedar muy claro que en un Estado aconfesional, "ni el Papa tiene potestad para decidir sobre la voluntad de un paciente". Flores, que fue muy combativa en el caso del 'Severo Ochoa' -al entender que los médicos tomaron decisiones sin autorización de las familias- no comprende cómo el Gobierno de Aguirre "se atreve a inmiscuirse" en la voluntad de los ciudadanos. "Si esto es cierto, se estaría incurriendo en una ilegalidad y una decisión propia de un país bananero" y advierte que llevarán el caso ante el Constitucional si no se produce una rectificación.
Para el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, esta medida "va mucho más allá de los acuerdos de colaboración entre la Iglesia y el Estado" y son "abiertamente contrarios a la libertad religiosa de los ciudadanos". Según Royo, la presencia de representantes del clero en estos comités es cuestionable, "pues están contaminados, al ser parciales por definición".
El debate sobre la presencia de la Iglesia Católica en las instituciones de un Estado aconfesional como el español viene arrastrándose desde la transición. Ningún Gobierno se ha atrevido a modificar estos acuerdos de colaboración, pero realmente, ¿qué papel desempeña un sacerdote en un comité ético de un hospital, aunque su opinión no sea vinculante?
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