MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy el techo de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria del Estado para el ejercicio 2009, primera escala parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, con el único voto a favor del PSOE y gracias a la abstención de los nacionalistas.
La "abstención crítica" de CiU fue finalmente compartida por PNV, BNG, Coalición Canaria y Na Bai, mientras que el PP, ERC, IU, ICV y UPyD rechazaron el texto.
Durante el debate en el Congreso para la aprobación del techo de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, destacó que permitir que funcionen los estabilizadores automáticos es "un lujo que pocos países pueden permitirse", y explicó que ello es consecuencia de la actuación pasada del Ejecutivo, que ha permitido a las cuentas públicas estar "mejor preparadas".
Solbes subrayó que el Gobierno mantendrá el eje de la estabilidad presupuestaria para la puesta en marcha de reformas sectoriales y la "mejora del marco regulador", con el fin de impulsar la actividad y competitividad de las empresas y servicios españoles.
PP: NO HAN HECHO MÁS QUE GASTAR
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, señaló que las cifras del Gobierno no recogen "para nada" una gestión austera de las cuentas públicas. "Usted lo que ha hecho en los últimos años es gastar", insistió el dirigente 'popular', quien cuestionó uno por uno los datos presentados por Solbes en su exposición inicial y le recordó los "padecimientos" de familias y empresas, especialmente las pymes, por una "verdadera crisis económica" que los socialistas siguen empeñados en negar.
A pesar de su rechazo al texto, Montoro ofreció la colaboración de su grupo al Ejecutivo para ayudarle con sus "soluciones alternativas" a elaborar un proyecto presupuestario "viable", que permita a las familias "ensanchar su corazón económico" para invertir y reactivar la economía, para lo que serán necesarias rebajas fiscales. "Los españoles no quieren ver que nos peleamos cuando está en juego sus puestos de trabajo", señaló invitando a las formaciones políticas a alcanzar un gran acuerdo sobre la economía.
EL PSOE ADMITE EL "MAL TRAGO" DEL GOBIERNO
Por su parte, el portavoz de presupuestos del PSOE, Francisco Fernández Marugán, destacó que el Gobierno tiene que afrontar las consecuencias negativas generadas por el menor crecimiento y el menor empelo. "Si se hubieran descubierto las maneras de afrontar los ciclos, estarían patentadas", señaló el dirigente socialista, quien admitió el "mal trago" del Ejecutivo ante el descenso del crecimiento.
El propósito del Gobierno, según el diputado socialista, es que la actividad adquiera fluidez en este ejercicio, si bien insistió en que hay que compatibilizar la políticas a corto y medio plazo para hacer frente al "problema del reparto", que para el PSOE es un compromiso que viene teniendo "muy en cuenta" en estos meses "de dificultad".
CIU CONDICIONA SU APOYO A FINACIACIÓN AUTONÓMICA
El homólogo de Montoro en CiU, Josep Sánchez Llibre, reprochó a Solbes la falta de transparencia en la gestión económica del Gobierno, que se ha traducido, a su juicio, en que "dilapide" las arcas públicas en medidas "electoralistas" como las contenidas en el 'plan de choque' presentado por el Ejecutivo. En este sentido, le exigió que cuente con su partido para evitar que "cunda el pánico".
A su juicio, el Gobierno sigue negándose a asumir que esta desaceleración de la economía es más brusca de lo inicialmente prevista, y reprochó al Gobierno que siga planteando un panorama económico "más optimista de lo prudente". No obstante, fijó su posición ante el debate en la abstención "por responsabilidad", condicionando su apoyo futuro a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos a que el Ejecutivo cumpla sus compromisos con la financiación autonómica.
Desde el PNV, Pedro Azpiazu destacó que faltan "datos relevantes" y un cuadro macroeconómico "realista" de cara a los Presupuestos de 2009 para establecer los términos del debate de hoy. No obstante, consideró que lo avanzado por Solbes confirma que el Gobierno no va a garantizar una política "suficientemente anticíclica".
En este sentido, le reclamó un mayor gasto social y una mayor inversión productiva, en especial en I+D+i, y que se olvide de los "derroches electoralistas" y hable "sin tapujos" de la verdad de la situación económica. "Le exigimos una estimación económica realista", aseveró Azpiazu.
AKELARRE CONTRA EL GASTO SOCIAL
Joan Herrera, diputado de ICV, formación que comparte grupo parlamentario con ERC e IU, señaló que no apoyaría un escenario presupuestario que "no es realista ni keynesiano", en lugar de aportar por políticas "de equidad" aprovechando el margen de la deuda pública.
Desde ERC, Joan Tardá, aseguró que el Gobierno socialista hizo un verdadero "aquelarre" al final de la legislatura anterior contra las políticas sociales que se prolongará en 2009. "Seguro que lo que no va a hacer es recortar los gastos de Defensa ni de la Casa Real", incidió. En este sentido, indicó que los objetivos de gasto limitarán la reforma de la financiación y del gasto social, por lo que comprometió su voto negativo en el debate.
ROSA DÍEZ DENUNCIA EL "OPTIMISMO IMPOSITIVO"
Desde el BNG, se considera que el límite del techo de gasto llevará inevitablemente al déficit, lo cual no supone para su formación un problema, "sino al contrario", por lo que demandó unos Presupuestos que sirvan para "estimular" a la economía y apostar por otro patrón de crecimiento.
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, recordó que su formación ha apoyado "tradicionalmente" la política de estabilidad presupuestaria, pero señaló que los nuevos presupuestos tienen que suponer una clara mejora de la situación del archipiélago y señaló que el texto es excesivamente "optimista y desfasado".
Finalmente, la representante de UPyD, Rosa Díez, señaló que la previsión de estabilidad presupuestaria del Gobierno es un "mero deseo frete a una realidad que se impone". "Ya nos han cambiado las palabras y ahora nos quieren cambiar los números", incidió. A su juicio, el Gobierno ha pecado de "optimismo impositivo" al marcar un límite de gasto excesivo para el objetivo de superávit planteado.
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