MADRID.- Abrir las elecciones municipales a los inmigrantes legales extracomunitarios no será tarea fácil y sólo los nacionales de Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela tienen cerca esa posibilidad, aunque el Gobierno todavía debe suscribir con sus países de origen acuerdos complementarios.
La Constitución establece que reconocer el voto a los extranjeros exige "reciprocidad", es decir, que los países de origen otorguen también el derecho a voto en sus comicios locales a los españoles que residan en su territorio.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado hoy en el Congreso que se va a nombrar un Embajador en misión especial para negociar esos acuerdos de reciprocidad, pero ha puesto de manifiesto que no con todos los países será igual de sencillo y que, con algunos, será imposible.
De la Vega ni ha citado las posibilidades de llegar a ese acuerdo con Marruecos -el colectivo de inmigrantes más numeroso (675.906)- y ha destacado que, en el caso de Ecuador -el segundo grupo extracomunitario más grande, con 413.642 residentes- el acuerdo estaría supeditado a una reforma de su Constitución.
Con Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela (alrededor de 453.000 residentes legales en España) ya hay tratados de cooperación y amistad que prevén extender a los extranjeros el derecho al voto en las municipales y sólo faltaría firmar acuerdos complementarios.
El Gobierno también explorará la posibilidad de firmar tratados similares con Bolivia, Paraguay, Perú e Islandia, ya que su legislación permitiría extender a los españoles el derecho de su sufragio en sus elecciones municipales.
En el resto de países la reciprocidad, según De la Vega, encontraría "especiales dificultades".
En China (el cuarto país de origen de los inmigrantes extracomunitarios, con 126.057 residentes legales) y en Guinea Ecuatorial, ha apuntado, "no hay elecciones similares equiparables" y en Ecuador, Brasil, Guatemala o República Dominicana la reciprocidad estaría supeditada a un cambio de su texto constitucional.
En el caso de India, Argelia o Pakistán el acuerdo dependería de que modificaran su legislación electoral.
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