Washington.- El estado de Texas ejecutó al hondureño Heliberto Chi después de que el Tribunal Supremo de EEUU rechazara un último recurso para aplazar el castigo. Se trata de la segunda ejecución de un inmigrante en este estado en menos de tres días. A ambos se les vulneró su derecho de asesoramiento consular en el momento del arresto. Texas lleva ejecutadas más de un tercio de todas las condenas a muerte dictadas en el país desde su reimplantación en 1976.
Chi, de 29 años, recibió una inyección letal en el penal de Huntsville después de ser condenado a muerte por el asesinato en 2001 del sastre Armand Paliotta para el cual había trabajado.
"Que Jesús reciba mi espíritu. Te quiero Edgardo", dijo refiriéndose a uno de sus primos, Edgardo Reyes, quien luchó hasta último minuto por salvarle la vida y que presenció la ejecución. También estuvo acompañado de su madre y su hermano pequeño.
La muerte del inmigrante hondureño fue constatada a las 23.25 GMT, nueve minutos después de que la combinación de sustancias entrara en su cuerpo, reveló un comunicado del penal de Huntsville. Chi no solicitó una última cena antes de recibir la inyección letal por vía intravenosa.
Tres horas antes de que el Supremo decidiera no pedir un aplazamiento, la Junta de Perdón y Libertad bajo Palabra de Texas había anunciado que no intervendría en favor del condenado ante el gobernador del estado Rick Perry.
Fue la segunda ejecución en ese recinto después de que el martes Texas aplicara el castigo al inmigrante mexicano José Ernesto Medellín, el mejor amigo del hondureño en el penal.
Tanto Medellín como Chi habían alegado infructuosamente ante el máximo tribunal del país que sus ejecuciones debían postergarse porque se habían incumplido acuerdos internacionales que obligaban a las autoridades permitirles el acceso a la asistencia consular.
Con las ejecuciones de Medellín y Chi asciende a 412 el número de convictos que han recibido el castigo en Texas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), un organismo privado. Esa cifra representa más de un tercio del total de 1.117 ejecuciones que se han realizado en todo Estados Unidos desde que el Supremo reimplantó el castigo en 1976.
Las puertas de lo que se creería podía ser una difícil salvación comenzaron a cerrársele a Chi el miércoles cuando un tribunal de apelaciones de Texas rechazó un recurso de amparo que habían presentado sus abogados. Ese recurso señalaba que al ser arrestado no se informó a Chi que tenía derecho a tomar contacto con su representación diplomática, como lo establece la Convención de Viena, un tratado firmado por Estados Unidos.
Además indicaba que Honduras y Estados Unidos mantienen desde 1928 un tratado que tiene que ver con el comercio y la protección judicial. Ese acuerdo "habla de la dignidad con la que tienen que ser tratados los ciudadanos de Estados Unidos en Honduras y viceversa", explicó a EFE la cónsul hondureña en Dallas, Lastenia Pineda.
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