Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió hoy a trámite el caso de Marcela Alejandra Porco, una ciudadana argentina con graves trastornos mentales que estuvo presa en Bolivia por posesión de cocaína.
Los peticionarios del caso, las organizaciones Servicio Paz y Justicia, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Justicialista de Abogados, entre otras, acusan al Estado boliviano de irregularidades en el proceso penal seguido contra Porco, señaló un comunicado de la CIDH.
Además, lo acusan de violar sus derechos al encarcelarla a pesar de sus alteraciones mentales y sin proporcionarle la atención y seguridad médica que su estado físico y psíquico requería.
El caso se remonta a 1994 cuando Porco, que entonces tenía 25 años, fue detenida en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra tras hallarse en su maleta casi 3 kilogramos de cocaína.
Porco fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Palmasola, en Santa Cruz, sin tener acceso al tratamiento médico que requería su enfermedad, psicosis esquizofrénica aguda y crónica, según alegaron los peticionarios del caso.
Afirmaron que el Estado boliviano conocía la condición mental de Porco a raíz de un informe médico facilitado por una clínica argentina, donde la joven estaba en tratamiento, y a pesar de las advertencias de varios especialistas no se le proporcionó un tratamiento adecuado.
En 1995 los peticionarios solicitaron medidas provisionales a la CIDH y debido a la actuación de la Comisión, las instancias judiciales determinaron que no se podía imputar a Porco. La joven argentina fue repatriada a Argentina en junio de ese año.
Los peticionarios argumentaron que Porco vio su estado de salud gravemente deteriorado a causa de su experiencia en Bolivia.
Reprocharon al Estado boliviano la falta de provisión de tratamiento médico oportuno, ya que acentuó el deterioro físico y mental de la argentina, y la ausencia de garantías a su seguridad, ya que sostuvieron que Porco fue víctima de violación sexual.
Los peticionarios afirmaron que, a pesar de que Porco fue puesta en libertad y repatriada, el Estado boliviano no reparó a la víctima por las violaciones a los derechos y garantías sufridas durante el proceso, ni tampoco cumplió con el deber de investigar, sancionar y reparar conforme a la Convención Americana.
Aducieron que la falta de tratamiento adecuado y los maltratos experimentados en prisión produjeron daños permanentes en la salud de Porco.
El Gobierno boliviano, por su parte, aseguró que ordenó informes médicos para determinar la enfermedad de Porco y que ésta fue internada en más de una ocasión en centros de salud mental.
También alegó que en una visita sorpresa a la cárcel de Palmasola se comprobó que Porco se encontraba en "inmejorables" condiciones y que no se detectó ningún tipo de maltrato, descuido o desnutrición.
Por último señaló que los peticionarios no han agotado los recursos de jurisdicción interna, un requisito para que la CIDH pueda admitir a trámite casos.
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