Jerusalén.- La Policía israelí dispersó hoy en la ciudad de San Juan de Acre una protesta protagonizada por unos 200 jóvenes judíos frente a la vivienda de una familia árabe, informaron medios locales.
Ante la casa estaban apostadas varias personas enmascaradas, aparentemente árabes, que las fuerzas del orden separaron de los manifestantes.
San Juan de Acre, en el norte de Israel, fue escenario en la noche del miércoles y el jueves de un estallido de violencia entre judíos y árabes, que dejó ocho heridos leves y decenas de coches y comercios dañados.
Por ello, la Policía ha desplegado hoy en la ciudad a unos 700 agentes, 500 más de lo habitual, para vigilar cualquier eventual repunte de los disturbios, explicó a Efe el portavoz policial, Micky Rosenfeld.
Dos tercios de los residentes en San Juan de Acre son judíos, mientras que el tercio restante es árabe.
La ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni, encargada de formar nuevo Gobierno en el país, visitó esta tarde la localidad para conocer la situación de primera mano y reunirse con el alcalde, Shimon Lancry.
Livni advirtió de que no permitirá que nadie "se tome la ley por su mano", aunque subrayó que "todos los ciudadanos israelíes", sean judíos, cristianos o musulmanes "deben respetar el Yom Kipur" (Fiesta del Perdón), la jornada más solemne del calendario hebreo.
Los disturbios se originaron cerca de la madrugada del miércoles, en Yom Kipur, en el que toda actividad se paraliza y el tráfico se detiene por completo, cuando un árabe que conducía su coche fue asaltado por un grupo de jóvenes judíos que le acusaron de hacer ruido de forma deliberada para vulnerar la jornada sagrada.
El alcalde de la ciudad, Shimon Lankry, ha anunciado hoy la cancelación del Festival de Teatro de Acre, uno de los más importantes del país, prevista para la próxima semana, a causa de "los sentimientos de odio y agravio" que prevalecen entre los residentes.
La Policía teme que la explosión de violencia en Acre se reproduzca en otras comunidades con población judía y árabe, como Jerusalén, donde ha declarado hoy el estado de alerta máxima y desplegado cientos de agentes.
El responsable de la Policía en Jerusalén, Aharon Franco, ha aumentado el número de efectivos en la parte árabe y pueblos colindantes palestinos, en particular en la ciudadela antigua y en torno a la Explanada de las Mezquitas.
No obstante, las horas posteriores al rezo del mediodía, que se temía el momento más conflictivo, han sido tranquilas en la ciudad santa.
El primer ministro israelí en funciones, Ehud Olmert, pidió anoche que se "preserve la capacidad de coexistir" en estas localidades.
La derecha judía ultra-nacionalista y los partidos árabes han coincidido en calificar los incidentes de "pogromo", aunque cada uno contra su propio colectivo.
El líder del partido Israel Beitenu (Israel es nuestro hogar, en hebreo), Avigdor Lieberman, ha comparado lo sucedido con la Noche de los Cristales Rotos de 1938, el pogromo nazi en guetos judíos de Alemania, algo que el ministro de Justicia, Avi Dichter, ha tildado de "ignorancia, en el mejor de los casos, e incitación, en el peor".
El diputado Arieh Eldad, de la coalición de derecha observante Partido Religioso Nacional-Unión Nacional, advirtió de que la Policía "no debería sorprenderse si los judíos toman las armas para protegerse".
Por su parte, en Gaza, la Yihad Islámica ha interpretado los disturbios como "el preludio de una tercera Intifada, liderada por los palestinos que residen en la Palestina ocupada desde 1948", es decir, en el actual Estado de Israel.
"Los ataques a palestinos en Acre muestran que la próxima batalla tendrá lugar en todas las áreas de Palestina", dijo el portavoz de los Comités Populares de Resistencia, Abu Abir, en referencia a la denominada Palestina histórica, previa a la creación del Estado judío.
Los árabes con ciudadanía israelí, como los de Acre, son los palestinos que permanecieron dentro de las fronteras del Estado de Israel tras la guerra que siguió a su creación en 1948, además de sus descendientes.
Suponen casi un quinto de la población del país, con 1,2 millones de personas, y aunque son ciudadanos de pleno derecho sobre el papel, en la práctica son discriminados en distintas facetas, como la distribución de fondos públicos.
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