Palma.- El presidente del Govern, Francesc Antich, ha presentado hoy el anteproyecto de ley de rehabilitación y mejora de los barrios de los municipios de Baleares, concepto al que el Govern destinará un mínimo de 10 millones de euros al año en ayudas que recibirán los ayuntamientos.
En la presentación del anteproyecto, Antich ha destacado que al margen de su tramitación, el Govern ya ha destinado este año ayudas por un importe de 12,5 millones de euros para la rehabilitación de barrios, destinados a 26 proyectos en 25 municipios de las islas, que han generado una inversión de 22,25 millones de euros en total.
El objetivo de esta norma, que previsiblemente será aprobada este viernes por el Consell de Govern es la rehabilitación y mejora de los pueblos y de los barrios más deteriorados de la ciudades de Baleares mediante la promoción y ejecución de medidas que comporten una regeneración social, económica, urbanística, arquitectónica, de vivienda y de sostenibilidad.
Antich ha destacado la doble vertiente de la ley de "rehabilitación urbanística y arquitectónica, y mejoras sociales y económicas", con actuaciones "de cara a dar vida a los barrios que por las circunstancias que sean hayan ido quedando atrás".
"Además será un buen instrumento para dinamizar el sector de la construcción", ha añadido.
La voluntad es "dinamizar económicamente estas barriadas" con actuaciones en distintos ámbitos como "aspectos medioambientales, aspectos sociales e integración", ha indicado el presidente.
"El proyecto de ley quiere dar respuesta además al principio constitucional del derecho a una vivienda digna que creemos que es inseparable del derecho a disfrutar de en un barrio también digno", ha dicho Antich.
El anteproyecto marca como objetivos promover la rehabilitación de la edificación residencial, así como la mejora del espacio urbano de los barrios; favorecer la cohesión, la igualdad y el bienestar social; fomentar la dinamización económica y social de las barriadas y estimular acciones para mejorar la situación ambiental y la sostenibilidad de los tejidos urbanos.
"Va mucho más allá de una simple intervención urbanística", ha resaltado Antich, quien ha insistido en que supondrá asumir "una rehabilitación integral en mayúsculas".
El conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, ha justificado la necesidad de elevar a rango de ley las ayudas que ya brinda anualmente el Govern para la rehabilitación de barrios por la voluntad de "reconocer los derechos de los ciudadanos a tener un entorno en condiciones".
Las actuaciones que recibirán ayudas serán de tres tipos: urbanística, arquitectónica y de vivienda; y económica y social.
Podrán acogerse a las ayudas en virtud de esta ley todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma, que cuenten con barrios que obtengan la consideración de "atención especial".
Esta calificación se concederá a barrios que sufran un proceso de degradación; un problema demográfico -desde pérdida de población a envejecimiento o crecimiento demasiado acelerado-, problemas económicos o sociales graves -elevada tasa de paro, bajo grado de educación-; o una persistencia de déficit sociales y urbanos importantes que impidan el desarrollo de dicho barrio.
Una vez establecida la condición de "barrio de atención especial", los ayuntamientos y la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas promoverán de forma conjunta las intervenciones que se podrán abarcar, como actuaciones de mejora urbanística, a nivel económico o social.
Una comisión evaluadora será la encargada de analizar los barrios y áreas de atención especial a efectos de determinar las actuaciones a las que destinar las ayudas.
La contribución financiera del Govern a los ayuntamientos para ejecutar los proyectos de rehabilitación será como mínimo del 40 por ciento del coste total y como máximo del 80 por ciento.
Además de esta contribución económica, también se podrá solicitar apoyo material o de prestación de servicios para los municipios que lo necesiten.
Las ayudas de la ley de barrios serán compatibles con otras que procedan de otros fondos públicos o privados, siempre que no superen el total del presupuesto previsto en el proyecto correspondiente.
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