Palma.- El conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, ha asegurado hoy que ante la próxima oferta de empleo público se aplicará una exención, por un plazo de dos años, "a médicos y enfermeras" en el requisito de conocimiento del catalán, en aquellas plazas en las que haya problemas para que sean ocupadas.
La diputada popular Aina Castillo le ha preguntado al conseller en el pleno del Parlament en qué favorece a los usuarios de la sanidad pública que el conocimiento del catalán sea un requisito para los profesionales sanitarios, como establece el borrador de decreto que tramita el Govern para regular la exigencia del catalán en los procesos de selección y movilidad del personal sanitario.
Thomàs ha asegurado que, en su opinión, conocer la lengua propia de la comunidad autónoma mejora la comunicación y la calidad asistencial por parte del personal sanitario, pero ha puntualizado que "la lengua no debe ser un conflicto".
El conseller ha afirmado que el proyecto de decreto del Govern "beneficia a los concursantes porque les permite que cualquier persona que tenga la titulación requerida, sin ningún título oficial que reconozca su nivel de catalán, se pueda presentar antes de la oposición a una prueba específica para acreditar conocimientos".
Según Thomàs, el borrador de decreto también contiene "artículos que facilitan poder optar a una plaza, circunstancia que a veces se silencia y no se dice", ha asegurado.
"El propio Ib-Salut puede eximir transitoriamente los requisitos de catalán siempre que sea motivado por problemas o por falta de profesionales", ha puntualizado Thomàs, quien ha añadido que el Govern ya ha manifestado, de cara a las próximas oposiciones de 2008 a 2010, que "esta exención se aplicará a médicos y enfermeras".
El conseller se ha preguntado en voz alta que, si los profesionales sanitarios "se pueden presentar, obtener una plaza y tienen dos años para obtener el certificado B de catalán, ¿dónde está el problema?".
Thomàs ha recordado que la exigencia del catalán es un requisito al que "obligan varias leyes", como la Ley de Salud y la Ley de Normalización Lingüística.
El conseller ha advertido que si el Govern no aplica el decreto que está tramitando, que constituye una norma específica para el personal sanitario, "se debe aplicar la general de funcionarios que exige niveles de catalán más altos y no contempla ningún tipo de exención, ni flexibilidad en el tema del catalán".
"No debemos utilizar la lengua para encontrar problemas donde no están", ha concluido Thomàs, quien ha insistido en que el Govern dará prioridad a la asistencia con calidad pero también normalizará el uso del catalán.
Por su parte, la diputada popular y ex consellera de Salud, Aina Castillo, ha insistido en el obstáculo que puede suponer el establecimiento del catalán "como requisito y no como mérito" para los profesionales.
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