Santiago de Compostela.- El Parlamento gallego ha admitido hoy a trámite el proyecto de ley que gravará a los propietarios de los embalses gallegos cuya agua almacenada tenga un fin industrial con un impuesto que el PP rechaza y que ha calificado de "pequeño monstruo fiscal".
El PP ha defendido una enmienda a la totalidad para la devolución del proyecto al Gobierno gallego, que fue rechazada, ya que, según el portavoz de Industria de este grupo parlamentario, Ángel Bernardo Tahoces, el texto presentado por la Xunta no garantiza que el nuevo tributo no repercuta a las familias y a las empresas.
Además, según el diputado del PP, el impuesto aprobado por la Xunta y que ahora inicia su trámite parlamentario, no es un tributo ambiental, ya que, a su juicio, no tiene como fin reparar el daño ambiental causado por la construcción de los embalses, sino que únicamente tiene un afán "recaudatorio".
Bernardo Tahoces aseguró que el nuevo tributo "se olvida" de los municipios afectados y "sólo piensa en las arcas públicas de Galicia".
El Consello de la Xunta aprobó el pasado 9 de octubre el proyecto de ley que gravará los embalses de uso industrial, mayoritariamente dedicados a la producción hidroeléctrica, que se prevé aplicar ya el próximo año, y por el que el Gobierno gallego espera recaudar doce millones de euros.
El conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, rechazó que el nuevo impuesto vaya a significar un aumento en la tarifa de las empresas o de las familias y destacó que se trata de un "tributo ambiental con fines no fiscales", cuyos ingresos se destinarán a "reparar los daños ambientales".
Fernández Antonio señaló que en Galicia el agua embalsada para aprovechamientos industriales representa el 97,5 por ciento del total, mientras que en el resto del Estado el porcentaje es del 27,5 por ciento.
Según el titular de Economía, el proyecto legislativo establece como criterios para gravar los embalses la capacidad volumétrica y la altura de la presa y se podrán aplicar coeficientes reductores de hasta un 25 por ciento en función del aprovechamiento.
Para el portavoz del PPdeG se trata del impuesto "más caro" y "más injusto" de España y acusó al bipartito de optar por "agravar" las dificultades de la gente en el momento económico actual.
Bernardo Tahoces calificó de "puñalada trapera" el anuncio del conselleiro de que la previsión de gasto del importe recaudado por este tributo está consignada en la sección 23, ya que según dijo, esta es una sección para "contingencias", un aspecto rechazado por Fernández Antonio.
Además, el diputado del PPdeG achacó al conselleiro de Industria, Fernando Blanco, la posibilidad de que el nuevo impuesto repercuta en las tarifas de las familias y las empresas.
Los portavoces del BNG y del PSdeG, Carlos Aymerich y Xaquín Fernández Leiceaga, criticaron la intención del PP de devolver el proyecto de ley para que "todo siga igual" para las empresas.
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