Torrelavega.- El Ayuntamiento de Torrelavega ha desalojado hoy a dos de las cuatro familias gitanas que residen en la Finca del Asilo, en un desahucio en el que han intervenido cerca de cien personas, entre policías y funcionarios municipales en medio de las protestas de los afectados y los colectivos de apoyo.
El desahucio, autorizado por los Juzgados de la ciudad, se lleva a cabo para despejar una finca municipal en la que el Gobierno de Cantabria pretende construir una residencia para discapacitados.
De las dos familias desalojadas, a una el Ayuntamiento le reconoce sus derechos por llevar viviendo en la finca casi dos décadas, por lo que le ha concedido una indemnización de 26.000 euros, mientras que a la otra no se le ha ofrecido ninguna cantidad económica por haber ocupado un módulo de forma irregular.
El desalojo se ha producido sin enfrentamientos pero en medio de las protestas de miembros de diversos colectivos gitanos de Santander y Torrelavega, apostados a la entrada de los módulos para impedir la salida de las familias e intentar negociar un acuerdo con los representantes municipales.
El portavoz del PSOE y concejal de Hacienda, Aurelio Ruiz Toca, quien ha dirigido el desalojo como alcalde en funciones, se ha negado a escuchar a las familias gitanas y también las demandas de los colectivos que les apoyaban con la frase: "hasta aquí hemos llegado".
Mientras tanto, los afectados por el desalojo y quienes les apoyaban han proferidos diversos gritos como "fascistas", "racistas" o "estos gitanos también son españoles", con lo que han conseguido retrasar algunas horas la salida de las familias.
Una vez que los residentes de las viviendas han abandonado sus casas y cuando los servicios municipales habían retirado sus enseres, trabajadores de una empresa subcontratada han desmantelado con un soplete uno de los módulos y cargado en un camión el otro para evitar que ambos fueron ocupados de nuevo.
En la finca aún residen dos familias gitanas, que serán desalojadas de forma individual los días 28 de noviembre y 5 de diciembre, cumpliendo así un dictamen favorable emitido hace unas semanas por un Juzgados de Torrelavega a instancias del Ayuntamiento.
Una de las afectadas por el desalojo, María Larralde Valdés, ha asegurado que había pedido al Ayuntamiento una prórroga de unos días para poder hacerse con la propiedad de un piso y concluir los trámites para concertar una hipoteca, además de para escriturar la vivienda y ocuparla, pero no se les ha concedido.
Larralde Valdés se ha lamentado de que ahora no tiene adónde ir, por lo que deberán residir durante casi dos semanas en un vehículo hasta que se completen los trámites para hacerse con una nueva vivienda con los 26.000 euros que les da el Ayuntamiento.
También ha destacado que ella, su marido, sus hijos de cuatro y cinco años, así como también su madre y su abuela llevan demandado desde hace tiempo una ayuda económica para poder adquirir o alquilar una vivienda, algo que no han logrado durante los casi 23 años que lleva residiendo en esta finca.
Por su parte, la otra familia, encabezada por José Castellón Hernández y su mujer, ha asegurado que no tienen un lugar donde residir, ni tampoco trabajo, por lo que su situación es "muy difícil", ya que desconocen dónde residirán de aquí en adelante.
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