Madrid.- La Comunidad de Madrid ha presentado quince alegaciones al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y estudia recurrirlo ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que algunos de sus artículos "desmantelan los principios básicos del derecho de propiedad".
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, en un encuentro con medios de comunicación en el que ha estado acompañada por el viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco, y por el director general de Vivienda, Juan Van-Halen.
A juicio de Mariño, el Ministerio de Vivienda que dirige Beatriz Corredor ha dado "un paso peligroso" en este Plan al romper la estructura de vivienda protegida y hacer de ésta "una socialización".
La titular regional de Vivienda ha centrado gran parte de su exposición en el artículo 6 del Plan que recoge la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas y limitación del precio de las viviendas usadas.
En concreto, el Ministerio contempla calificar "de forma permanente" las viviendas promovidas en suelo protegido (el 50 por ciento en la Comunidad de Madrid), público o dotacional mientras persista la clasificación del suelo y, en todo caso, 30 años.
Esta protección "a perpetuidad", ha dicho Mariño, es confiscatoria, desproporcionada y "rompe con los esquemas de lo que hasta ahora es la propiedad en España al desmantelar los principios básicos del derecho de la propiedad".
"Los ciudadanos deben saber que quien compre una vivienda protegida no será nunca propietario de pleno derecho porque sólo podrá venderla al precio tasado que le imponga el Estado y a una lista de personas que están apuntadas en un Registro", ha dicho Mariño.
Tras defender la colaboración institucional con registros de la propiedad, notarios y la Administración Tributaria para controlar el fraude, la consejera de Vivienda ha calificado de "ineficaz" la obligatoriedad de los Registros de Demandantes como base única para la adjudicación de viviendas protegidas.
Ha considerado además, y así se recoge en el pliego de alegaciones, que esta medida es intervencionista e improcedente al interferir en la competencia autonómica de vivienda por ser las Comunidades "las únicas que pueden decidir si es conveniente establecer estos registros".
El resto de alegaciones específicas presentadas por la Comunidad de Madrid se refieren al alquiler con opción a compra; la reducción del esfuerzo máximo de accesibilidad; el procedimiento de declaración de ámbitos de precio superior; los derechos de tanteo y retracto; y la supresión de la cofinanciación de las viviendas de promoción pública construidas con fondos públicos.
Mariño ha subrayado además que el incremento de las ayudas para los obras de rehabilitación es muy escaso y que hay una excesiva proliferación de figuras de rehabilitación integrada, lo que generará confusión a los ciudadanos.
La Comunidad que preside Esperanza Aguirre considera que el Plan Estatal de Vivienda invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas, carece de memoria económica y no aborda el problema de las restricciones de financiación bancaria.
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