Washington.- Las aduanas de Estados Unidos comenzaron hoy a cobrar aranceles a los productos de Bolivia en sus puertos y puntos fronterizos como castigo por la supuesta falta de cooperación de ese país en la lucha antidrogas.
Gretchen Hamel, una portavoz de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), confirmó a Efe la entrada en vigor de los nuevos impuestos aduaneros.
Según un documento oficial de La Paz entregado a Estados Unidos, 25.000 empleos en Bolivia dependen directamente del programa y otros tantos de forma indirecta.
Los sectores bolivianos más perjudicados son el textil y de confección, maderero, la marroquinería, la joyería y los alimentos orgánicos, que hasta ahora no tenían que pagar tasas aduaneras para exportar a Estados Unidos.
Por ejemplo, desde hoy los aranceles a los suéteres y camisetas de algodón bolivianos (los productos que le generaron al país más ingresos el año pasado, con casi 9 millones de dólares) son del 16,5 por ciento del valor, informó a Efe el departamento de Comercio.
En algunos casos la imposición de esos gravámenes significa el cierre del mayor mercado del mundo a los bienes bolivianos.
Perú produce el mismo tipo de productos que Bolivia, pero no tiene que pagar aranceles para exportarlos a Estados Unidos, por lo que le comerá el mercado, predijo Iván Rebolledo, presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia-Estados Unidos, con sede en Nueva York.
El Gobierno de Evo Morales ha respondido con la creación de un fondo de ocho millones de dólares para dar préstamos a bajo interés a los exportadores y ha abierto negociaciones para vender productos a Venezuela.
Rebolledo calificó estas iniciativas como "nobles pero no muy realistas".
Opinó que los productores no tendrán interés en endeudarse para exportar a Estados Unidos con el fondo gubernamental y remarcó que actualmente las ventas de bienes de Bolivia a Venezuela son mínimas.
La suspensión para Bolivia de los beneficios arancelarios supone otro mojón en la historia de deterioro de las relaciones entre ambos países.
Están codificados en la llamada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés), de la que también se benefician Colombia, Perú y Ecuador, que da ventajas a los exportadores a cambio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
La Casa Blanca determinó que Bolivia no había cumplido su parte del trato y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció el pasado 26 de noviembre que el país andino saldría del programa.
"Creemos que es una decisión totalmente injusta", se quejó Erika Dueñas, la encargada de negocios de Bolivia en Washington. "Han dicho que Bolivia no está haciendo nada contra el narcotráfico, cosa que no es cierta", añadió.
Dueñas dirige la embajada de su país en la capital estadounidense desde que en septiembre el Gobierno de Bush expulsó al embajador, Gustavo Guzmán.
Esa acción fue una represalia por la salida del representante diplomático estadounidense en La Paz, Philip Goldberg, a quien Morales acusó de respaldar a sus opositores.
Posteriormente, el presidente boliviano también suspendió las actividades del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) y la presencia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) en la zona cocalera del Chapare.
El Gobierno de Morales espera que con el nuevo presidente en Washington, el demócrata Barack Obama, cambien las tornas.
No obstante, por ahora cuenta con pocos aliados en el Congreso que hablen en su favor.
Su apoyo más fiel ha sido el presidente del subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel, pero incluso él emitió un comunicado muy duro tras la expulsión de Goldberg, que es íntimo amigo suyo.
Engel dijo que el trato de Morales al embajador fue "vergonzoso y provocador". Aún así, Engel ha dicho que no concuerda con la suspensión de las preferencias arancelarias.
Mientras Bolivia negocia con el nuevo Gobierno de EE.UU. habrá muchas caras largas en El Alto, una ciudad pobre localizada en la planicie sobre La Paz, que es un bastión político de Morales y en la que se concentra la industria textil del país.
Algunas empresas estadounidenses comenzaron a cancelar sus pedidos a esas plantas hace ya un año, ante el empeoramiento de las relaciones entre EE.UU. y Bolivia, según Rebolledo.
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