Mérida.- La línea de inversión de 600 millones de euros en la zona para aprobar la prórroga del funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), en Cáceres, planteada por la Junta de Extremadura es "excesiva", según el portavoz de la planta, Aniceto González, que ha dicho que es una cifra "bastante grande".
En declaraciones a EFE, González ha dicho que es "legítima" la premisa del Gobierno extremeño, presidido por Guillermo Fernández Vara, de cambiar el domicilio fiscal de la nuclear a Extremadura para aprobar la prórroga de diez años, aunque se trata de una decisión que deben de concretar las empresas eléctricas responsables de la planta, Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa.
El pasado día 29 de diciembre Fernández Vara condicionó la continuidad de la CNA a partir de 2010 a la aprobación de un plan de inversiones extraordinarias, de no menos de 600 millones de euros, para actuar en regadíos y en las zonas tabaqueras y olivareras del norte de Cáceres.
Según el portavoz de la CNA, el cambio de domicilio social es una cuestión jurídica que implica cambios legales y, en el caso de que las eléctricas no puedan aprobarlo, es "normal" que las autoridades regionales pidan algún tipo de compensación.
Será una de las cuestiones que se perfilen durante la visita que realizará a las instalaciones el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, prevista para finales de febrero o comienzos de marzo, ha explicado.
En todo caso, ha añadido, la inversión extraordinaria de 600 millones de euros que ha propuesto Fernández Vara para la continuidad de la planta a partir de 2010 es "elevada".
Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que anula los planes de Emergencia Nuclear exteriores de las centrales nucleares españolas, ha señalado que no afectará "nada" a la prórroga de la licencia de apertura ya que no repercute sobre el normal desarrollo y la seguridad de la planta.
En este sentido, ha apuntado que comprende la reivindicación de la Asociación de Municipios afectados por Centrales Nucleares (AMAC), que presentaron una demanda por considerar que el plan aprobado en 2006 por el Gobierno central no había contado con los municipios que las albergan.
En todo caso, ha concluido, la prórroga de otros diez años del funcionamiento de la planta es una decisión que tomará, en última instancia, el Gobierno.
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