Murcia.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Murcia aprobó hoy las 70 alegaciones al plan de cuenca del Segura y 20 al del Tajo que ha elaborado la Consejeriá de Agricultura y Agua, y que va a presentar pocas horas antes de que concluya el plazo legal de consulta pública en los procesos de planificación hidrológica.
El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, dijo en rueda de prensa al término del Consejo que el documento del Segura "es incompleto y parte de supuestos irreales, como una cifra de desalación de 458 hectómetros cúbicos de agua, "cuando no se superarán los 200", y en este sentido mencionó el posible cese de Adrián Baltanás, presidente de Acuamed, empresa estatal encargada de construir las desaladoras, debido a que el programa AGUA "que con tanto sonsonete se vendió" esta en vía muerta.
También se preguntó cómo se pueden incluir envíos del Tajo de en torno a los 400 hectómetros cúbicos "cuando no se sabe" lo que ocurrirá con este acueducto.
Cerdá indicó que los 458 hectómetros que cifran como desalación no es una casualidad, sino que coincide con el volumen de agua que iba a venir desde el Ebro, río que, según advirtió el consejero, presenta hoy la segunda crecida del año hidrológico.
El representante murciano afirmó que el Esquema de Temas Importantes (ETI) o como se denomina el documento de planificación, "nace sesgado y condicionado por un programa político" concreto, lo que contrasta con una documentación en la que los datos son provisionales, como la superficie de riego o los costes de la desalación, así como la explotación de los acuíferos.
"Tampoco se dice nada de los acuíferos que descubrió la Comisaría de Aguas de la CHS y que decían que iba a resolver" el problema, añadió, y aseguró que hay balances que "no cuadran cuando se hace la suma".
En cuanto a las alegaciones al Plan del Tajo, dijo que es uno de los más retrasados en su elaboración, y que éstas atañen exclusivamente a la cabecera y, entre ellas, destacó la que pide concrección en cuanto al método en el que se basa el cálculo del caudal ecológico, otra que pide que sea admitida Murcia en los órganos de elaboración del plan, y advierten que se deseche cualquier enunciado sobre la caducidad del acueducto u otras limitaciones a su funcionamiento.
A su juicio, "habría que desdeñar viejos tópicos políticos de años anteriores" en torno a la política hidráulica, y afrontar un plan hidrológico nacional "de verdad, que resuelva los problemas".
Preguntado por las reservas estratégicas para el abastecimiento humano en la comunidad de Madrid, Cerdá respondió que Murcia no se opone a ello, que estaba previsto cuando se planificó el trasvase, y que se puede asegurar sin afectar a las transferencias.
Al respecto, indicó que habría que reconsiderar las concesiones de agua de riego de los regantes del canal de las Aves y Estremera, en proceso de modernización de regadíos, además de tener en cuenta la reserva de unos 200 hectómetros cúbicos de agua con la que cuenta la cabecera, o que el agua de calidad para Madrid se encuentra en los ríos Tiétar y Alberche, mejor que en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo de anular un real decreto de ayudas a la sequía de octubre de 2005, la portavoz del gobierno murciano, María Pedro Reverte, manifestó que la sentencia "se debe a la improvisación con que actúa el Gobierno de España en la toma de decisiones al margen de las comunidades autónomas", incumpliendo así un trámite formal, ya que la sentencia no se mete en el fondo del asunto, fondo que, según dijo, "no nos va a afectar".
De la movilización prevista por los regantes el día 5 en Murcia capital, Reverte aseguró que habrá altos cargos del gobierno como "siempre han estado" en este tipo de movilizaciones, y Cerdá agregó que está satisfecho porque se hayan sumado también PSRM e IU, cuando en otras ocasiones han estado ausentes, y concluyó que "el caos hidráulico" que vive el país nació en mayo de 2004 con la derogación del trasvase del Ebro.
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