Toledo.- El grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha presentó hoy una propuesta de resolución en el pleno -y luego retirado de la votación al ver que el PP no la secundaría- en la que expresaba por escrito cuál es la principal enmienda al Estatuto que el PSOE propone, la que lleva las pretensiones cruciales al preámbulo.
Este texto es al que los socialistas se han estado refiriendo en las últimas semanas como el borrador que le fue remitido al secretario de política autonómica del PP, Javier Arenas, para concluir las negociaciones y acordar las enmiendas, sin hallar respuesta del PP.
La propuesta del PSOE añadiría cinco párrafos al preámbulo y cinco puntos a la disposición transitoria primera.
En la adición al preámbulo propuesta se destaca, en primer lugar, que el agua tiene "gran trascendencia económica y social" para Castilla-La Mancha, por lo que tiene que ser regulada "como un patrimonio".
Por ello en el Estatuto -según la propuesta de redacción del PSOE- "se configura el derecho básico de los castellanomanchegos a disponer en cantidad y calidad suficiente del agua necesaria" a través de varios instrumentos.
Entre éstos, se cita al derecho de uso preferente de los recursos hídricos del territorio castellanomanchego, la participación de la Junta en los órganos de planificación de las cuencas hidrográficas y el derecho y deber de que la Junta sea informada "preceptivamente ante cualquier propuesta de trasvase".
En el añadido al preámbulo que el PSOE propone se recuerda "la solidaridad que históricamente" Castilla-La Mancha "ha practicado con otros territorios de España", así como recuerda que la directiva europea sobre Aguas que señala que las derivaciones no deben comprometer los caudales ambientales aguas abajo.
Y en el quinto párrafo que el PSOE propone añadir al preámbulo del Estatuto reformado es donde se hace una referencia explícita al trasvase Tajo-Segura.
Ahí se vuelve a recordar la directiva europea que fija objetivos sobre las derivaciones de agua entre cuencas y se apunta que éstos tienen que lograrse en 2015 según la propia norma marco europea.
La directiva también dispone que en 2015 debe España haberse dotado de un texto refundido en la materia.
Entonces -según el añadido al preámbulo que el PSOE pretende- se indica que por esas razones esa fecha (2015) es la que "las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase".
"Sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano", añade el texto propuesto.
El preámbulo también mencionaría "la aprobación prevista" en 2009 del nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo que dispondrá "que en ningún caso podrán bajar de los 12,7 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez".
"La garantía de establecer una reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos de agua no trasvasable en los embalses de Entrepeñas y Buendía" sería incluida asimismo en el preámbulo, cuyo añadido concluiría instando a "la participación efectiva de la Junta de Comunidades (de Castilla-La Mancha) en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura hasta su definitiva extinción".
La disposición transitoria primera que el PSOE propone indica que los poderes públicos velarán para que el volumen de agua trasvasable de la cuenca del Tajo a la del Segura "se reduzca progresivamente" para que puedan ser cumplidos los plazos de los objetivos definidos por la directiva europea de Aguas.
En el segundo punto de la transitoria primera se señalaría que "con carácter inmediato" se deben reestructurar en la cuenca del Segura los usos del agua, especialmente el regadío, de acuerdo al agua disponible en esa cuenca.
El tercer punto se refiere a los caudales trasvasables desde el Tajo y cita "que los poderes públicos de Castilla-La Mancha han considerado (la reserva en cabecera) en 600 hectómetros cúbicos".
Según el cuarto punto, la Junta de Comunidades tendría que ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase o cesión de agua que afecte a las cuencas de la comunidad, a fin de que emita preceptivamente un informe, que requeriría respuesta motivada.
El quinto impondría que la Junta participe en los órganos permanentes de gestión y control constituidos en relación con el Tajo-Segura, según la legislación estatal y "mientras (el trasvase) se mantenga operativo".
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