Valencia.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha anunciado hoy que el Ejecutivo central actuará "con un criterio humanitario y adecuado" a la situación de crisis económica para que los inmigrantes que han trabajado en España de forma legal, puedan seguir residiendo en este país.
Peralta ha trasladado este compromiso a los representantes de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, al Foro Alternativo de la Inmigración y a la Red Sehel para la Inmigración, con quienes se ha reunido hoy por primera vez.
El delegado les ha asegurado, según ha declarado posteriormente a los periodistas, que el Gobierno "tiene voluntad clara de no convertir en ilegales a los que son legales".
Con este propósito, actuará "con un criterio humanitario y adecuado a la realidad para permitir que quienes han estado en España desarrollando una vida de acuerdo con la ley y en el marco de un trabajo adecuado o regular, puedan seguir haciéndolo", ha precisado.
En la Comunitat Valenciana residen más de 500.000 extranjeros, de los que 330.000 con ciudadanos comunitarios, y extracomunitarios el resto, ha apuntado.
Peralta ha reconocido que hay puntos en los que la Delegación y las organizaciones de inmigrantes con las que se han reunido mantienen "posiciones contrarias", aunque ha subrayado que en más del 90 por ciento de los asuntos, se está trabajando "de común acuerdo" con estas entidades.
La portavoz de la Mesa de Entidades, la responsable de Valencia Acoge Berta Castro, ha explicado que la principal petición que las asociaciones han planteado es la de que las órdenes de expulsión se revoquen o cambien por multas, de manera que los extranjeros puedan a acceder a una autorización de residencia y de trabajo.
Castro ha criticado que cuando a un inmigrante en situación de irregularidad se le dicta un procedimiento sancionador de expulsión, "automáticamente se encuentra con la imposibilidad de acceder a un permiso de residencia y de trabajo por vía de arraigo", pese a que reúna los requisitos legales para obtenerlo.
También se ha mostrado preocupada por "la cantidad desproporcionada de detenciones a extranjeros", en lugares como locutorios o entradas y salidas del metro cuando están trasladando sus puestos de trabajo.
Por su parte, el portavoz del Foro Alternativo de la Inmigración, Boughaleb Mimi, ha reclamado al delegado "voluntad política" en la aplicación de la ley.
Por otro lado, en cuanto a las arbitrariedades denunciadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) en la tramitación de expedientes de expulsión por parte de la Subdelegación del Gobierno, Peralta ha aseverado que la Administración estatal "no hace ninguna arbitrariedad".
"Cualquier actuación -de la Delegación y las subdelegaciones- está sujeta a los controles jurisdiccionales y propios de la administración democrática y son corregidos", ha aclarado.
La Administración estatal, ha continuado, "intenta ajustar su actuación al marco de la ley, no de los criterios concretos que pueda establecer cualquier institución, por muy responsable que sea ni por mucho respeto que merezca".
"Nosotros no tenemos que someternos al criterio del Icav, sino al que marca la ley, y si algún colegiado o el propio colegio disiente de nuestra actuación, tiene mecanismos para denunciarla, y estaremos a lo que se disponga", ha concluido.
Según Mimi, Peralta les ha asegurado que va a estudiar lo sucedido y se ha comprometido a darles una respuesta sobre esta cuestión más adelante.
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