La crisis económica vuelve a centrar el debate en la Asamblea de Extremadura

Mérida.-  La crisis económica ha vuelto a centrar esta semana los debates en la Asamblea de Extremadura, cuyo pleno del pasado jueves aprobó por unanimidad la Ley para la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Empleo Local, dotado con 48 millones.

Este plan, que supone la versión extremeña del Fondo Estatal de Inversión Local, servirá, igual que él, para financiar la contratación laboral de los desempleados que se encuentren en mayores dificultades, debido a la falta de prestaciones o subsidios.

La ley, tramitada por el procedimiento de lectura única, cuenta con once artículos, tres disposiciones adicionales y una final, además de un anexo con la distribución por municipios de los 48 millones de euros, que son aportados a la mitad por la Administración regional y el resto por las cajas de ahorro y rurales extremeñas.

Además de la aprobación de esta ley, en el pleno del pasado jueves se dio el visto bueno por unanimidad a una propuesta presentada por el PSOE por la que se requiere al Gobierno central que intensifique sus medidas de creación de empleo, apoyo a las pymes y protección de los parados.

Esta propuesta salió adelante con el voto de los populares pese a que los socialistas rechazaron una enmienda presentada por su grupo, en la que el PP pedía al Gobierno que cumpla todos los compromisos del Plan Especial de Dinamización Económica y Empleo para Extremadura firmado en 2004.

Aunque en el transcurso de la sesión el diputado socialista Anselmo Solana subrayó que el momento actual debe ser de consenso político para superar la crisis, lo cierto es que éste no se consiguió con la propuesta del PP en la que presentaba cinco medidas para favorecer la liquidez de las pymes y los autónomos.

Así, los populares propusieron, entre otras actuaciones, habilitar 30 millones de euros para reforzar su financiación mediante avales públicos por medio de la Sociedad de Garantía Recíproca Extraval o 40 millones para una línea de apoyo a la mejora de competitividad y la I+D+i.

Sí se apoyó, sin embargo, por unanimidad otra propuesta del PP por la que se insta al Gobierno central a que, de manera urgente, licite y adjudique las obras pendientes de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura.

Los problemas de Lusográfica de Olivenza (Badajoz) también estuvieron presentes en la sesión plenaria, en la que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en contestación a un pregunta del PP, anunció que se han embargado los bienes de esa empresa, participada por la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX) y apoyada con cuantiosos fondos públicos, para "salvaguardar los intereses de los extremeños".

A pesar de su advertencia de que "cuanto más ruido hagamos, más difícil será la solución" de esta empresa, con 47 trabajadores y actualmente en concurso de acreedores, el portavoz del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, anunció al día siguiente que su grupo pedirá la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas durante su puesta en marcha y funcionamiento.

También Vara, en respuesta a otra pregunta del PP, se refirió en el pleno a un hipotético trasvase desde el embalse cacereño de Valdecañas y, por primera vez, vinculó esta posibilidad con que antes se cumplan los compromisos adquiridos con Extremadura en materia de obras hidrológicas.

El protagonismo parlamentario se trasladó esta semana por un día, el pasado miércoles, a la localidad hurdana de Ladrillar, donde se celebró la clausura de los actos conmemorativos del XXV Aniversario del Estatuto de Autonomía y de la Asamblea de Extremadura.

Esta cita sirvió para que tanto Fernández Vara como el presidente de la Cámara, Juan Ramón Ferreira, mostraran su confianza en que el nuevo Estatuto de Autonomía será aprobado este año para dar respuesta a las nuevas necesidades que tiene la Comunidad Autónoma.