A pesar de las continuas advertencias de que atravesamos el momento más difícil de la crisis, la sangría de desempleados sigue asustando. Durante el pasado mes de febrero, 154.058 personas tuvieron que apuntarse al paro, con lo que el total de desempleados en España se situó en 3.481.859, según datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Aunque el aumento del paro ha sido menor que en enero, cuando subió en 198.838 personas, la cifra total de parados es la mayor desde 1996, fecha desde que comenzó a elaborarse la actual serie histórica con datos comparables. Con respecto a febrero de 2008, el paro ha subido en 1.166.528 personas, el 50,38%.
En esta ocasión, el porcentaje de desempleados es muy similar en todos los sectores (entre el 4 y el 6%), aunque es en los servicios donde más se ceba el desempleo (88.654 parados más), superándose por primera vez los 2.000.000 en este sector. Le sigue la construcción (24.600 parados), la industria (22.343), el colectivo sin empleo anterior (11.122) y la agricultura (7.339).
Esta espectacular subida del desempleo, que las autoridades y los expertos consideran que no ha tocado todavía techo y que alcanzará con toda probabilidad los cuatro millones, está suponiendo un importante gasto para la Administración. En enero, el Gobierno tuvo un desembolso de 2.503 millones de euros en concepto de prestación por desempleo, lo que supuso un 62,8% más que en enero de 2008. Los parados recibieron de media 833,2 euros (un 5,6% más que hace un año).
Y como las noticias malas no vienen solas, tampoco es bueno el dato de la afiliación a la Seguridad Social, que descendió en febrero en 69.132 personas, con lo que el total de inscritos en el sistema se situó en 18.112.611 trabajadores.
Y ante esta sangría, patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo en la mesa del diálogo social. Por ello, el Gobierno ha tomado la iniciativa y el próximo Consejo de Ministros aprobará un paquete de siete medidas de "urgencia" con el objetivo de reactivar el empleo. Las ayudas, que ascienden a 1.500 millones de euros, contemplan el aplazamiento de pagos a la Seguridad Social, bonificaciones por la contratación parcial, ampliación del seguro de desempleo para afectados por ERE o nuevas líneas de liquidez para medianas empresas.
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