Washington.- El Partido Republicano presentó hoy un proyecto de ley para evitar que los presuntos terroristas detenidos en la base militar de Guantánamo pisen suelo estadounidense cuando se cierre el penal dentro de un año.
Después de presentar el proyecto, el congresista republicano, John Shadegg, emitió un comunicado en el que aseguró que "ningún estadounidense debe estar preocupado porque su propio Gobierno vaya a colocar un terrorista en su comunidad".
El presidente estadounidense firmó el pasado 22 de enero, dos días después de asumir su cargo, una orden ejecutiva para el cierre de la prisión de Guantánamo, ubicada en el sureste de Cuba, en el plazo de un año.
En la actualidad permanecen en esa cárcel 250 presos, de los 800 hombres que han pasado por Guantánamo desde que abrió en 2002, detenidos por su presunta vinculación con el terrorismo internacional.
Con esta ley "queremos asegurarnos de que los islamistas extremistas de Guantánamo no van a tener la oportunidad de entrar en nuestro país y completar su incompleta misión de derramar sangre estadounidense", explicó Shadegg.
El cierre de la prisión plantea al Gobierno estadounidense qué hacer con los detenidos, entre los que se encuentra Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y Abd al-Rahim Al Nashiri, implicado en el ataque suicida contra el destructor estadounidense USS Cole en 2000.
El legislador recordó que, según han revelado recientemente informes de inteligencia, más de 60 de los detenidos que han sido liberados hasta ahora han vuelto a las actividades terroristas.
Shadegg acusó a Obama de ordenar el cierre de Guantánamo sin un plan y rechaza la petición que han hecho algunas organizaciones para que sean juzgados en Estados Unidos, según las leyes civiles del país.
Hasta ahora los detenidos de Guantánamo han sido juzgados por el tribunal militar especial creado por el anterior presidente George W. Bush, tras los atentados de septiembre de 2001.
El congresista destacó que el hecho de que los presuntos terroristas sean juzgados en EE.UU. "no sólo sería un imán para atraer actividades terroristas, sino que implicaría un gasto económico para el sistema penal estadounidense".
Además, "podría abrir la puerta a una eventual liberación de esos terroristas en nuestro territorio", afirmó.
Estados Unidos espera ayuda internacional para poder reubicar a los presos una vez que la prisión cierre sus puertas en 2010.
De momento, Francia y España han dicho que examinarán la posibilidad de admitir a detenidos, mientras que Portugal, Suiza e Irlanda ya han manifestado su disposición a recibir a algunos.
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