Palma.- El Govern destinará, como mínimo, una partida anual de 10 millones de euros en ayudas a los municipios de las islas para que puedan rehabilitar sus barrios degradados, lo que según cálculos del ejecutivo generará una inversión adicional de 18 millones y el mantenimiento o creación de 1.100 trabajos.
Esta mañana, el presidente de Baleares, Francesc Antich, y el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, han dado cuenta del proyecto de "Ley de rehabilitación y mejora de los barrios de los municipios de las Islas Baleares", que será aprobado de manera definitiva por el Parlament de las Islas Baleares el próximo martes.
El objetivo del mismo, según han explicado, es la rehabilitación y mejora de los pueblos y de los barrios más deteriorados de la ciudades de Baleares mediante la promoción y ejecución de medidas que comporten una regeneración social, económica, urbanística, arquitectónica, de vivienda y de sostenibilidad.
Se pretende promover la renovación de la edificación residencial, así como la mejora del espacio urbano de los barrios; favorecer la cohesión, la igualdad y el bienestar social; fomentar la dinamización económica y social de las barriadas y estimular acciones para mejorar la situación ambiental y la sostenibilidad de los tejidos urbanos.
Una vez aprobada esta ley, el Govern publicará la convocatoria de ayudas de este año, si bien Antich ha recordado que el ejecutivo ya invirtió en 2008 hasta 12,5 millones de euros para la rehabilitación de barrios, destinados a 26 proyectos en 25 municipios de las islas, que han generado una inversión de 22,25 millones de euros en total.
Una comisión evaluadora será la encargada de analizar los barrios y áreas de atención especial a efectos de determinar las ayudas y las actuaciones a realizar.
La contribución financiera del Govern a los ayuntamientos será como mínimo del 40 por ciento del coste total y como máximo del 90 por ciento.
Estas últimas irán dirigidas, de manera principal, a los ayuntamientos más pequeños que disponen de una menor capacidad financiera.
Además de esta contribución económica, también se podrá solicitar apoyo material o de prestación de servicios para los municipios que lo necesiten.
Antich ha destacado la función "social" de esta ley "de cara a dar vida a los barrios que por las circunstancias que sean hayan ido quedando atrás".
Además, ha hecho hincapié, será un "buen instrumento" para dinamizar el sector de la construcción en un momento de crisis económica.
Este proyecto de ley quiere dar respuesta además al principio constitucional del derecho a una vivienda digna, que está unido al "derecho de disfrutar" de un barrio "digno", ha asegurado el conseller de Vivienda y Obras Públicas.
Las actuaciones que recibirán ayudas serán de tres tipos: urbanística, arquitectónica y de vivienda; y económica y social.
Podrán acogerse a las ayudas todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma que cuenten con barrios que obtengan la consideración de "atención especial".
Esta calificación se concederá a barrios que sufran un proceso de degradación; un problema demográfico -desde pérdida de población a envejecimiento o crecimiento demasiado acelerado-, problemas económicos o sociales graves -elevada tasa de paro, bajo grado de educación-; o una persistencia de déficit sociales y urbanos importantes que impidan el desarrollo de dicho barrio.
Una vez establecida la condición de "barrio de atención especial", los ayuntamientos y la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas promoverán de forma conjunta las intervenciones.
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