México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió hoy una recomendación a los gobernadores de los estados de Puebla y Quintana Roo para que investiguen los presuntos abusos y torturas a los que fue sometida la periodista Lydia Cacho durante su detención en 2005.
La CNDH, con funciones de defensoría del pueblo, indicó en un comunicado que "encontró elementos de prueba suficientes para inferir que la periodista fue sometida a acciones de tortura al ser víctima de sufrimientos físicos y psicológicos que resultaron altamente traumáticos", los días 16 y 17 de diciembre de aquel año.
Por ello, la dependencia dio un plazo de dos semanas a los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y Quintana Roo, Félix González Canto, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que depuren las "importantes irregularidades administrativas" y en algún caso "penales" derivadas del caso.
Cacho, famosa activista contra el abuso sexual de menores, fue detenida en el balneario turístico de Cancún, en el estado de Quintana Roo, en diciembre de 2005 y trasladada durante veinte horas por carretera hasta Puebla, a 1.472 kilómetros de distancia.
Antes de aquel suceso había destapado en su libro "Los demonios del edén" (2005) una red de pederastia en el Caribe mexicano en la que estaban implicados empresarios y funcionarios públicos, lo que le granjeó amenazas e intimidaciones.
Según la CNDH, el día de su arresto "particulares ajenos al ministerio público (fiscalía) y a sus órganos auxiliares participaron en la detención y traslado de la periodista", a quien en aquel viaje "no se le permitió utilizar los medicamentos adecuados" para combatir una neumonía.
Detrás del supuesto complot para internarla en una cárcel de Puebla se encontraban el empresario Kamel Nacif y el gobernador Marín.
Según la CNDH, en la detención y traslado de la periodista se violaron "sus derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personales, a la protección a la salud y a la libertad de expresión".
Derivado de lo anterior, al gobernador de Puebla "se le solicita reparar el daño causado" a Cacho, investigar a los agentes de la Policía Judicial que participaron en la detención y depurar posibles responsabilidades penales entre ellos.
Por su parte, al de Quintana Roo se le insta a investigar posibles responsabilidades administrativas y penales de agentes de la Policía Judicial de ese estado que también participaron en el arresto.
Para los peritos de la CNDH Cacho "se encontró en un estado de vulnerabilidad e indefensión tal, que le generó sufrimiento físico y psicológico, experimentando con ello desesperanza, confusión, dudas y estrés, lo que en su conjunto le provocaron reacciones de miedo, angustia y terror" durante el arresto.
Los gobernadores de Puebla y Quintana Roo tienen desde hoy quince días hábiles para responder si aceptan la recomendación y quince más para aportar pruebas.
El caso de Cacho fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia, tribunal que descartó una violación "grave" de las garantías individuales de la periodista, aunque sí reconoció actos indebidos y algunas violaciones de garantías, las cuales, sin embargo, no fueron suficientes para que el tribunal asumiera el caso.
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