Madrid.- El Ministerio de Asuntos Exteriores prepara un Real Decreto para regular el Fondo de Cooperación del Agua y Saneamiento, dotado con 1.500 millones de dólares, que estará abierto a la gestión privada y "en principio" cerrado a las empresas españolas del sector.
El Real Decreto, que previsiblemente estará a finales de marzo, detalla los objetivos, alcance y gestión de un fondo creado para mejorar la situación de los 85 millones de personas que carecen de acceso a agua potable y 115 millones que viven sin saneamiento en Iberoamérica y el Caribe.
En la secretaría de Estado de Cooperación, niegan de forma tajante que se trate de un proyecto de privatización del agua.
"La titularidad de los activos que financiemos será siempre pública; quién se hace cargo de la gestión lo decidirá cada autoridad, no lo podemos imponer nosotros", ha explicado una fuente del equipo que elabora la propuesta de Real Decreto.
Además, ha señalado que, en Iberoamérica, en el 90 por ciento de los casos la gestión del agua la realiza una junta o cooperativa local de carácter privado.
En cuanto a los órganos con que contará el Fondo, el proyecto establece la creación de un Consejo Asesor presidido por el Príncipe Felipe y compuesto por representantes de los Ministerios implicados y expertos del sector, que se reunirá una vez al año.
El control diario lo ejercerá un Comité Ejecutivo en el que estarán representados los Ministerios de Medio Ambiente, Comercio Economía, Exteriores, la AECI, ONG y Comunidades Autónomas.
Este órgano será el encargado de ver y aprobar las propuestas de proyectos que presenten el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las embajadas, oficinas de cooperación o autoridades de los países receptores.
Los proyectos deberán ser de abastecimiento para el consumo humano y de saneamiento. No se financiarán proyectos de riego, producción eléctrica o gestión de catástrofes como inundaciones.
Por área geográfica, los esfuerzos se concentrarán en zonas rurales o periurbanas con alto grado de pobreza y desabastecimiento.
Además, se ha elaborado una clasificación que divide a los países beneficiarios en tres grandes grupos que contarán con distinto tratamiento financiero.
Así, las inversiones para proyectos en los países "ultra-prioritarios" como Bolivia, Honduras, Nicaragua o Haití serán "totalmente no reembolsables".
En países "muy prioritarios" como Perú, Ecuador y Paraguay, o "prioritarios" como México, Argentina, Brasil o Uruguay, una parte será no reembolsable y un porcentaje aún por determinar será en forma de créditos reembolsables.
En cuanto a las entidades que podrán realizar los proyectos, el Real Decreto precisará que "en principio" no podrán ser españolas, aunque éstas sí podrán aliarse con alguna empresa del país receptor.
Así, serán elegibles las entidades de países beneficiarios, los gobiernos locales, regionales o nacionales, y las organizaciones de la sociedad civil.
Exteriores también ha subrayado el carácter "adicional y no sustitutivo" de estos 1.500 millones de dólares, que no afectará a los presupuestos "normales" de cooperación y tampoco supondrán la sustitución de fondos ya comprometidos por administraciones o concesionarios, ya que así sólo se estaría ahorrando inversión a terceros en lugar de contribuir a la mejora de los servicios.
Una vez elaborado el proyecto, Exteriores se lo ha hecho llegar a los Ministerios implicados, las Comunidades Autónomas y las ONG, que deberán presentar sus dudas y aportaciones.
La Coordinadora Española de ONGD ha hecho público un documento en el que expone sus "inquietudes y recomendaciones".
Entre los puntos destacados figura el del papel otorgado en la gestión del Fondo al BID, a quien se le ha concedido ya el primer desembolso por valor de 300 millones de dólares.
En el Ministerio aseguran que el banco es un "socio estratégico" que canalizará las propuestas que reciba para presentárselas al Comité Ejecutivo del Fondo, que será el único con capacidad de decisión sobre qué se financia.
Las ONGD también han exigido transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos y entidades involucradas.
El equipo redactor de la Secretaría de Estado ha asegurado que analizará todas estas aportaciones.
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