El diálogo social: el escudo del Gobierno contra la reforma laboral

"Que lo arregle el diálogo social", ha intentado transmitir la ministra de Economía, Elena Salgado, ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre porqué llevan la contraria al FMI, a cien economistas y al Banco de España que piden la reforma del mercado laboral entre otros campos. La nueva vicepresidenta del Gobierno ha tenido que dar cuentas esta mañana del peor dato que se recuerda de los últimos 15 años: más de 4 millones de españoles están parados, una media de 9.000 se quedan sin empleo cada día y algo más de un millón de familias tienen a todos sus miembros desempleados según se desprende de los datos de la EPA del primer trimestre de 2009. Las voces que se han alzado estos últimos días para evitar esta sangría, entre las que se encuentra la patronal española y un centenar de reputados economistas, piden insistentemente una reforma legislativa del mercado de trabajo en España. Salgado aboga porque esto se debata única y exclusivamente en un diálogo social que ya lleva meses encallado.

"Es inadmisible que el Gobierno no marque la agenda económica", decía hace algo más de dos meses el responsable de los pequeños y medianos empresarios de CEOE, Jesús Bárcenas, en una entrevista a Cinco Días. Bárcenas, uno de los actores del diálogo social por parte de la patronal española, se quejaba entonces de la falta de iniciativa del Gobierno ante la crisis y le exigía al Ejecutivo que legislara, si fracasaba el diálogo social.

Setenta días después de estas declaraciones el diálogo social no ha fracasado como tal, pero se encuentra en un momento de inactividad que asusta. Dicho diálogo nació durante el primer Gobierno de Aznar para que, en el marco del mismo, se debatieran y acordaran todas las reformas relativas al mercado de trabajo en nuestro país. Desde entonces, sindicatos y empresarios han conseguido llegar a acuerdos importantes en al menos cuatro ocasiones. Sin embargo, el tamaño de las medidas que, según la patronal, se necesitan en este momento —ellos proponen un nuevo contrato "indefinido no fijo" con una duración de dos años y una indemnización por despido de ocho días — precisan de una gran reforma laboral, al estilo de la que acometió en 1997 Javier Arenas. Entonces, el ministro de Trabajo de Aznar tomó la voz cantante ante la falta de consenso entre los agentes sociales.

Salgado, que ha mantenido el tipo en su segunda rueda de prensa como titular de Economía a pesar de los datos, no ha puesto siquiera un plazo máximo para que UGT, CCOO, CEOE y CEPYME consigan arreglarlo solitos. La ministra, con ZP en la penumbra como hacedor de las políticas económicas, ha querido quitar al Gobierno de en medio y ha sentenciado su comparecencia con un : "no debemos restarle el protagonismo al diálogo social". En la mesa del diálogo, aparte de la reforma integral del mercado laboral, se encuentran otros aspectos sin resolver como el coste del despido y la reforma de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem). En ninguno de los aspectos a debatir, sindicatos y patronal acercan posiciones.

La última foto oficial de los miembros de este diálogo social juntos se protagonizó el pasado febrero. Entonces aparecían sonrientes Gerardo Díaz Ferrán (CEOE), Cándido Méndez (UGT), Ignacio Fernández Toxo (CCOO), y Jesús Bárcenas (CEPYME). De maestro de ceremonias actuó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Desde entonces técnicos de menos nivel han ido reuniéndose en mesas sectoriales que, al parecer y por los problemas que tiene sindicatos y patronal en sus propias casas, no han avanzado según lo deseado por el Ejecutivo. Pero el Gobierno no pone plazos. Así lo ha dicho hoy la titular de Economía y así lo piensa también la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Corbacho, por su parte, ya ha amenazado en más de una ocasión con perder la paciencia y ha advertido de que las negociaciones entre los agentes sociales"no pueden ser eternas", sobre todo en un contexto económico como el actual.