Río de Janeiro.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, descartó hoy que la decisión de la máxima corte de justicia del país de derogar la Ley de Prensa que estaba en vigor desde la dictadura militar (1964-1985) hubiese dejado un vacío legal.
"No creo que exista un vacío. Lo que necesitamos es garantizar en Brasil el mantenimiento de la total libertad de prensa, que es la que garantiza la consolidación del proceso democrático en el país", afirmó Lula en declaraciones a periodistas en Río de Janeiro.
Pese a que algunas asociaciones y sindicatos del sector celebraron la derogación de la ley, que consideraban restrictiva para la libertad de expresión, temen que, sin una reglamentación específica, algunos jueces puedan imponer multas exageradas en procesos civiles contra medios de comunicación acusados de delitos como calumnia o injuria.
Las mismas organizaciones consideraron que el Congreso tendría que reglamentar el derecho de respuesta para que los jueces, sin criterios definidos, no obliguen a los medios de comunicación a publicar retractaciones o aclaraciones en espacios muy superiores a los de las noticias que originaron los procesos.
Según los magistrados del Supremo Tribunal Federal, tras la derogación de la Ley de Prensa, la legislación que regula en adelante a los periodistas es la que está establecida tanto en la Constitución como en los códigos penal y civil.
El presidente de la máxima corte, Gilmar Mendes, aclaró que la revocación de la Ley de Prensa no impide que el Congreso, si lo considera pertinente, discuta y apruebe una nueva legislación para reglamentar asuntos como la práctica periodística y el derecho de respuesta.
El magistrado Carlos Ayres Britto considera que la Constitución prevé medios "más que suficientes", para "defender" a las personas que eventualmente puedan ser afectadas por excesos o delitos cometidos por la prensa.
La Ley de Prensa que fue derogada el jueves rigió en el país durante 42 años y era considerada como uno de los últimos resabios de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
La mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal consideró que la ley era anticonstitucional y atentaba contra las libertades y la democracia.
Aún cuando los artículos más duros de la ley prácticamente no se aplicaron desde que se promulgó la Constitución de 1988, su vigor supuso siempre una suerte de "espada de Damocles" para la prensa.
Algunos artículos de la legislación permitían la censura y hasta castigaban con penas de cárcel más severas de las establecidas en el Código Penal a los periodistas que incurrían en delitos como la calumnia, la injuria y la difamación.
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