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Feijóo afirma que es una "práctica habitual" certificar obras si tienen aval bancario

EFE
Actualizado 05-05-2009 14:17 CET

Santiago de Compostela.-  El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó hoy que la certificación de obras antes de su conclusión es una "práctica habitual" siempre que tengan el correspondiente aval bancario, como ocurrió, dijo, en el caso de la Diputación de Pontevedra.

Núñez Feijóo precisó que los interventores de los organismos, como "fedatarios" que deben velar por la gestión y porque no se produzcan "efectos" en las haciendas públicas, "lo que exigen son avales bancarios" por las cantidades anticipadamente certificadas.

El jefe del Ejecutivo gallego realizó estas manifestaciones a la conclusión de una reunión con los diputados del Grupo Parlamentario Popular, y en respuesta a la denuncia de presuntas irregularidades por certificaciones falsas en la Diputación pontevedresa.

En el caso de este organismo provincial, Núñez Feijóo indicó que el certificado está firmado por el director de obra y avalado por la empresa adjudicataria, y agregó que "de acuerdo con la intervención de la Diputación, se cumplió estrictamente la ley".

Señaló, además, que en el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, se han certificado obras por importe superior a 800.000 a las 48 de haberse iniciado.

Sobre el archivo de las diligencias judiciales por el caso de la Autovía do Barbanza, el presidente de la Xunta afirmó que respetaba la decisión, si bien precisó que "el juez vio los mismos indicios de irregularidad que vio el PPdeG".

En este sentido, indicó que "nosotros cumplimos con nuestra obligación; veíamos que había actuaciones presuntamente ilegales y el juez también las vio, y por eso imputó a personas e inició un procedimiento judicial".

"En el auto judicial se dice que hay actuaciones sospechosas y sobrecoste en el precio, y estas dos cosas deberían hacer reflexionar al PSdeG y tomar las decisiones oportunas sobre los responsables políticos", dijo.

Núñez Feijóo reconoció alegrarse que los funcionarios que habían sido imputados en las diligencias judiciales no tengan responsabilidad delictiva ni penal, e indicó que estos "siguieron instrucciones de un político, que en este caso tiene un acta de diputada en el Parlamento", en alusión a la ex conselleira de Política Territorial María José Caride.

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