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Cuba mantiene todas las restricciones a los derechos individuales y sigue padeciendo el embargo

EFE
Actualizado 28-05-2009 06:41 CET

Londres.-  En Cuba se mantienen las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación, sigue habiendo presos políticos y la población continua padeciendo el embargo estadounidense, según el último informe de Amnistía Internacional relativo al año 2008.

En el apartado dedicado a Cuba son mínimas las novedades con relación a los últimos años, pese a que en febrero hubo un relevo en la Presidencia, donde Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel, convaleciente de una enfermedad desde mediados del 2006.

Pero el informe destaca que el presidente Raúl Castro anunció en el mes de abril que todas las penas de muerte se conmutarían por cadena perpetua y, por tanto, en 2008 no hubo ejecuciones, aunque Cuba se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU que pedía una moratoria mundial de la pena capital.

El texto señala que se introdujeron algunas reformas económicas, rápidamente desbordadas por los daños producidos por sucesivos huracanes, que dejaron miles de personas sin hogar y mil millones de dólares en pérdidas en el ámbito de la producción agrícola.

AI afirma que el embargo estadounidense "repercute de forma negativa" en el ejercicio de los derechos humanos, aunque apunta que se permitió a Cuba comprar en Estados Unidos alimentos básicos por valor de 530 millones de dólares, en efectivo y por adelantado.

En el capítulo de la libertad de expresión y asociación, señala que los periodistas de agencias independientes o alternativas "siguieron sufriendo hostigamiento e intimidación en forma de vigilancia y breves detenciones por parte de agentes de seguridad".

"Al finalizar el año -añade- seguían recluidos 58 presos de conciencia, encarcelados por el hecho de haber expresado sus opiniones políticas" y recuerda que en febrero fueron excarcelados cuatro presos de conciencia por motivos de salud, pero se les ordenó que abandonaran el país.

En la misma línea se mantuvo el cargo de "peligrosidad" en el sistema judicial "para hostigar a disidentes políticos, periodistas y detractores del gobierno", detenidos durante 24 0 48 horas para luego ser puestos en libertad sin cargos.

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