Lima.- El Gobierno del presidente peruano, Alan García, que cumplirá tres años el próximo mes, salió debilitado de la crisis con las comunidades indígenas, tras verse forzado a derogar dos leyes y recibir hoy la renuncia de su gabinete en pleno.
El mandatario del Partido Aprista Peruano pidió el miércoles a las fuerzas políticas en el Congreso que apoyaran la iniciativa del Ejecutivo para derogar dos de las llamadas leyes de la selva, rechazadas por los indígenas por presuntamente violar sus derechos sobre la tierra y no haber sido consultados previamente sobre su contenido.
La derogación de las leyes 1090 y 1064 sobre manejo forestal y uso de las tierras fue la condición impuesta por las comunidades amazónicas para levantar su protesta indefinida, que dejó 24 policías y 10 civiles muertos en la ciudad de Bagua el 5 de junio pasado.
Durante dos meses de paro, los nativos tomaron estaciones petroleras, bloquearon carreteras y ríos, y movilizaron a miles de manifestantes en la selva y la sierra en solidaridad con sus demandas.
Las normas derogadas ayer por el Parlamento formaban parte de un paquete elaborado por el Ejecutivo peruano para adecuar su legislación a los pedidos de Estados Unidos, en materia de protección forestal y medio ambiental, para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones.
La única alianza política que rechazó la anulación de los decretos fue la opositora Unidad Nacional pues, según su legislador Javier Bedoya, se está sentando "un nefasto precedente" después de haber convalidado la toma de carreteras.
La lideresa de ese partido y ex candidata presidencial, Lourdes Flores, manifestó que "el primero que tiene que corregirse y el más ineficiente de todos es el Gobierno de Alan García, quien lo está haciendo muy mal".
El legislador oficialista Mauricio Mulder reconoció que su partido votó por la derogación "por razones de Estado", y no porque creyesen en su inconstitucionalidad.
A su turno, el ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) opinó que García tiene una "subestimación tremenda" hacia los indígenas peruanos, al insistir en que han sido manipulados por terceros, pero agregó que es congruente con su concepción de que "los amazónicos o andinos son ciudadanos de segunda categoría".
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, aseguró hoy que el Gobierno se ha quedado "sin herramientas" para protegerse de la tala ilegal y la explotación ilegal de flora y fauna, motivo por el cual -dijo- ya trabajan en la elaboración de una nueva ley forestal.
Perú está incumpliendo los compromisos adoptados en el TLC con Estados Unidos, indicó Aráoz, quien, sin embargo, confió en que las autoridades de ese país comprendan la coyuntura política y el proceso que deberá transcurrir para la aprobación de un nuevo marco legal.
Después de que el Gobierno acusó a los indígenas de "extremistas" y "salvajes", el primer ministro peruano, Yehude Simon, y su gabinete en pleno pusieron hoy sus cargos a disposición del jefe de Estado.
García respaldó al primer ministro en su mensaje a la nación el miércoles pasado, pero la expectativa sobre su eventual cambio se mantiene vigente, pues el Congreso lo interpelará el próximo miércoles, junto a la ministra del Interior, por los violentos sucesos de Bagua.
Simon fue el primero en el Gobierno en reconocer los errores de comunicación con los pueblos indígenas, pero dijo también que entregaría su cargo a García cuando el país haya retornado a la tranquilidad.
La única ministra que salió del gabinete en medio de la crisis fue la titular de la Mujer, Carmen Vildoso, quien rechazó el tratamiento dado, hasta ese momento, por el Gobierno a los nativos.
De momento, el primer ministro logró sentar nuevamente en una mesa de diálogo a los dirigentes de los pueblos indígenas para evaluar, dijo, los "temas de fondo que afectan a las regiones amazónicas", como el déficit en educación, salud e infraestructuras.
Un nuevo paquete de leyes deberá ser elaborado con el visto bueno de los aborígenes para permitir que camine el libre comercio con Estados Unidos y la inversión privada en los recursos energéticos que conserva su Amazonía.
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