Santa Cruz de Tenerife.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, reconoció hoy que la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Territorial de los municipios canarios continúa siendo la asignatura pendiente, y destacó la Ley de Medidas Urgentes como uno de los aspectos más relevantes de su gestión.
En la rueda de prensa que ofreció hoy el consejero para hacer balance de la gestión del departamento que dirige en estos dos años de legislatura, Berriel manifestó no estar satisfecho con el número de Planes de Ordenación Territorial aprobados en las islas durante este periodo.
"Se podrían haber hecho más planes pero esto no ha sido por falta de esfuerzos y medios y ya se han sentado las bases necesarias para que la situación se corrija", afirmó Berriel.
El consejero informó de que en la actualidad existen 25 planes de ordenación "totalmente adaptados" a la legislación vigente y 31 que se encuentran en fase de redacción, que la Consejería prevé que sean aprobados antes de que finalice la presenta legislatura.
Berriel aclaró que del total de planes pendientes de redacción, una docena presenta dificultades para "salir adelante" debido "a problemas de tipo político que prohíben aprobar el planeamiento" incluso en las fases iniciales.
El consejero indicó que en estos casos, la Consejería procederá a la elaboración de planeamientos supletorios, que consistirán en un plan "de mínimos" en el que se definirán los elementos estructurales del planeamiento y los suelos urbanizables en aquellos espacios que así lo requieran.
"Cuando el ayuntamiento se vea posibilitado de tener un nuevo plan, entonces entrará en vigor su plan general y se anula éste", señaló Berriel.
"No se pretende invadir competencias de los municipios, sino de hacer una subsidiariedad en defensa de los derechos de los ciudadanos", añadió el consejero.
Berriel se refirió a la Ley de Medidas Urgentes como uno de los aspectos más relevantes de la gestión de la Consejería aunque matizó que "todavía es pronto" para conocer sus efectos, que serán visibles en uno o dos años.
Ante las preguntas de los periodistas, el consejero reconoció que la "inviabilidad del proyecto de Granadilla" ha sido uno de "los peores aspectos" de la gestión del departamento autonómico en estos dos años.
Berriel anunció también que el Gobierno canario ha presentado ya el recurso ante el Tribunal Supremo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de mantener la suspensión cautelar de la orden de descatalogación de la población de sebadales afectados por la construcción del puerto de Granadilla.
El Tribunal Supremo no ha establecido un tiempo para la resolución, explicó Berriel, pero debido a que es una medida cautelar "debería tener prelación sobre cualquier otra y dado la relevancia de la obra esperamos pueda resolverse en poco tiempo".
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