Celosas y recelosas... todas quieren más

Madrid.-  En la recta final de la negociación del modelo de financiación, las autonomías, más celosas y recelosas que nunca, hacen valer lo que les distingue, sus "hechos diferenciales", porque todas quieren sacar la mejor tajada de los 9.000 millones adicionales que propone el Gobierno.

Así se lo están haciendo saber los presidentes autonómicos a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la ronda de contactos que inició el día 1 con los de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Desde algunas autonomías se exhibe la mala financiación per cápita del actual sistema y la necesidad de compensarlo, mientras que otras apelan a la insularidad, la dispersión, el envejecimiento, la población escolar, la lengua o el aumento de población y hasta salen a relucir las deudas históricas, coincidentes en muchos casos.

Bien claro lo dijo el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, para quien es "legítimo" que cada una "trate de enfatizar aquello que crea que le beneficia".

Antes de sumarse al acuerdo, Asturias, según Areces, necesita "más concreción" en la propuesta del Gobierno y que las cantidades, "en términos absolutos y relativos", respondan a los deseos de su Ejecutivo.

Éste es un rasgo común en todas las autonomías, nerviosas a esta altura del partido por no conocer las cifras concretas que, una vez diseñados los parámetros y su ponderación, les corresponderán.

Cataluña, que de alguna manera ha obligado a revisar todo el modelo por su nuevo Estatuto que impone al Estado la cesión del 50 por ciento del IRPF e IVA y el 58 por ciento de los impuestos especiales, no ha revelado qué cantidad reclama, pero ha rechazado algunas de las apuntadas, como 2.000 millones.

Su caballo de batalla es que, tras contribuir a la solidaridad interterritorial, no suceda como hasta ahora y se quede con menos recursos por habitante que la media, por lo que pide que se compense su incremento de población y se acote la solidaridad en conceptos como la salud, la educación y los servicios sociales.

De las pocas comunidades que descubren sus cifras, Canarias reclama un incremento de 500 millones de euros, que amplía hasta los 890 si finalmente se cuenta con esos 9.000 millones más.

La Comunidad Valenciana considera que debe recibir 1.200 millones más por la actualización de la financiación, a los que suma otros 2.340 por el aumento de población.

Baleares cree que el actual sistema es "letal" porque la sitúa 21 puntos por debajo de la media de financiación y exige estar en la media, aunque mantenga "con total entrega" su solidaridad.

Andalucía reclama que prevalezca el criterio de la población y que se pondere la edad escolar -que es la que más ha crecido allí- al menos en un 20 por ciento, aunque la Junta ya ha reconocido que no va a ser la que más gane, pero con este cambio lograría el 18,7 por ciento de los recursos.

Núñez Feijóo salió desconcertado de su entrevista con Salgado, pues un día antes, en su encuentro con el vicepresidente territorial, Manuel Chaves, éste aceptó las variables propuestas, como un aumento en la ponderación del envejecimiento, la dispersión, la emigración y la lengua, lo que no fue ratificado por la vicepresidenta.

También está a la defensiva, e incluso puede votar en contra, Extremadura, como ha anunciado su presidente, Guillermo Fernández Vara, si el modelo alude "al distinto esfuerzo fiscal" de las autonomías o cambia su posición en la financiación per cápita. Ahora es la tercera.

La Comunidad de Madrid aguarda la llamada de Salgado con la esperanza de que el nuevo modelo reconozca el incremento de la población de la región, 1,3 millones de habitantes, toda vez que el texto remitido por el Gobierno en diciembre es ambiguo y "deja muchas cosas en el aire".

Tras la entrevista con Salgado, Barreda se mostró "más tranquilo" con el nuevo modelo, por el peso de la población y, dentro de ésta, de la de los mayores de 65 años y los más jóvenes.

Más críptico se mostró después de la reunión con Salgado el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, para quien los criterios del nuevo sistema son positivos para su comunidad, que no fijará su posición definitiva hasta conocer las cifras.

Cantabria quiere que el reparto de fondos no se guíe solo por el número de habitantes, así como Castilla y León, que desea que se tengan en cuenta otros criterios complementarios.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, advierte de que con la financiación "no pueden pagarse" favores políticos de comunidades o de partidos "para sustentar el Gobierno de España".

Las comunidades forales, el País Vasco y Navarra, a pesar de que no les afecte el nuevo modelo, vigilan lo que ocurre y están pendientes del déficit, fijado en el 2,5 por ciento para el próximo año para las autonomías.

Además, el presidente de Navarra, Miguel Sanz, quiere que el nuevo modelo cuente con "el máximo de satisfacción" entre las autonomías.

Inmaculada López Varona