Zaragoza.- El Gobierno de Aragón va a pedir a la Comisión Jurídica Asesora que emita un dictamen sobre el decreto que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al entender que podría invadir las competencias de la Comunidad.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, José Ángel Biel, quien ha advertido de la posible intromisión del decreto en las competencias de las comunidades autónomas en relación a las cajas de ahorros, lo que podría derivar en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Aragón se une así a las juntas de Andalucía y Extremadura y a la Generalitat de Cataluña, que también han anunciado que van a estudiar si el decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de junio, invade sus competencias.
La petición de un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora ha sido iniciativa de la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, entre cuyas competencias se encuentra el desarrollo estatutario, ha recordado Biel.
El vicepresidente ha afirmado que, después de analizar el contenido del decreto, cree que podría darse una "posible inconstitucionalidad", ya que la norma puede implicar una "intromisión de Estado en cajas de ahorros que tienen su sede en la Comunidad Autónoma sin contar para nada con las competencias del Gobierno autónomo".
Por ello, ha visto "oportuno pedir lo antes posible" un dictamen jurídico sobre este asunto, que el Gobierno de Aragón considera de "vital importancia".
El FROB regula las ayudas al sector financiero y establece los criterios a seguir en caso de que alguna entidad se vea en serias dificultades a causa de la crisis económica, con la posibilidad de fusiones.
El Fondo contará con un capital inicial de 9.000 millones de euros, de los que el 75 por ciento (6.750 millones) procederá de recursos públicos, y el 25 por ciento restante (2.250 millones) de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos.
Tras su aprobación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, afirmó que es el "momento adecuado para iniciar" la reestructuración del sector financiero y para que los 49 bancos, 46 cajas y 90 cooperativas de crédito "se refuercen por procesos de fusión, concentración o absorción".
Salgado remarcó la potestad que las Comunidades Autónomas tienen para autorizar las fusiones de las cajas de ahorros, que se mantendrán invariables, si bien el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.
La normativa ha generado las dudas de algunas comunidades autónomas acerca de una posible intromisión en las competencias autonómicas, y Aragón ha sido la cuarta, tras Cataluña, Andalucía y Extremadura, en advertirlo.
En términos generales, el Fondo ha sido bien recibido por el conjunto del sector financiero, con las patronales de banca (AEB) y cajas (CECA) a la cabeza, aunque ha recibido ciertas críticas de algunos partidos políticos, como PP, CiU, ERC, IU e ICV.
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