Zaragoza.- Izquierda Unida (IU) Aragón presentará mociones en los ayuntamientos, comarcas y diputaciones para pedir, con carácter de urgencia, al Ministerio de Industria un aplazamiento en la obligación de elegir compañía eléctrica antes de que acabe el mes de julio.
El diputado y portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, ha señalado hoy en rueda de prensa que las empresas o administraciones públicas con una potencia contratada superior a los 10 kilovatios, como los ayuntamientos, serán penalizados con un 5 por ciento mensual en sus facturas mientras no se pasen al "mercado libre".
Para Barrena esto supondrá un "gravísimo ataque" a las administraciones públicas, encargadas del estado de bienestar, ya que para una decisión de este tipo tiene que pasar por la Ley de Contratos del Estado y efectuar unos trámites que llevan su tiempo y no se pueden hacer en un día.
En el caso concreto de las corporaciones locales, que "arrastran un grave problema de financiación" y que no cobran sus facturas, repercutirá en los ciudadanos al ser la administración más próxima a ellos.
Para IU "el mercado libre aplicado al energético supone un encarecimiento del abastecimiento", ya que desde ahora y hasta el 2012 se incrementará el mínimo mensual en un 2 por ciento en las tarifas domésticas y entre un 7 y un 15 por ciento en las empresas o administraciones públicas con contratos de más de 10 kilovatios.
Aunque no haya actividad parlamentaria, el Gobierno debe seguir trabajando, ha subrayado Barrena, sobre todo en un tema "tan sensible" y que va a repercutir de manera negativa en los 731 municipios aragoneses.
Por ello, IU presentará mociones en los ayuntamientos, comarcas y diputaciones, en principio en las que cuenten con representación y posteriormente en el resto, para pedir al Ministerio, con carácter de urgencia, un mayor plazo del fijado en el real decreto que regula aspectos de la liberalización del mercado energético.
Para que los ayuntamientos puedan disponer de un calendario adecuado para responder a esta "nueva y negativa" situación.
También solicitan la suspensión de la penalización del 5 por ciento cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos por no pasarse al supuesto "mercado libre" impuesto.
En este sentido, Barrena ha señalado que los servicios municipales, como alumbrado público o guarderías y residencias, "no pueden ser objeto de mercado" y estar sometidos al negocio de las compañías comercializadoras de energía.
IU también hará llegar una carta al consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, para solicitarle que exija al Ministerio que considere los servicios esenciales municipales y a los servicios públicos en general como "receptores de tarifas sociales" en sus consumos eléctricos.
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