Oviedo.- Izquierda Unida de Oviedo y Los Verdes han presentado un recurso de reposición contra el acuerdo entre el Gobierno regional y la empresa Jovellanos XXI para la construcción del futuro Palacio de Justicia en la parcela de El Vasco.
Según el coordinador general de la coalición en la capital asturiana y director general de Mayores del Ejecutivo, Alejandro Suárez, esta decisión "es contrario a derecho y lesiva para los intereses generales" y el precio y la adjudicación de este contrato "surgen de oscuras y secretas negociaciones bilaterales".
A su juicio, el origen de este contrato obedece "al interés de arreglar la situación de una empresa privada a la que le han fallado negocios emprendidos voluntariamente y con ánimo de lucro".
"Formalmente, el acuerdo con la empresa no aguanta un soplido y acarreará una sanción europea importante a España, que acabará repercutiendo en Asturias", advierte Suárez.
Según el recurso, al acuerdo del Gobierno se presenta formalmente como un arrendamiento adjudicado directamente, "pero no es un verdadero contrato de arrendamiento, pues ni siquiera existe una edificación cierta que sea el objeto del contrato" dado que los inmuebles arrendados "no existen, no están edificados aún".
Asimismo, incide en que el acuerdo no fija la renta inicial del contrato sino de la que se pagará por meses, pero se aplaza la fijación de su cuantía, y no se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Para la coalición, la decisión del Gobierno no persigue la eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa y recuerda que la ley obliga en este caso a hacer por separado el arrendamiento y el contrato de obras.
Por último, el recurso alude al carácter discrecional del acuerdo, a la carencia de proyecto y al establecimiento de un precio arbitrario y sin la preceptiva publicidad y concurrencia en el ámbito europeo, lo que podría acarrear una elevada sanción al Reino de España, "con las consecuencias que implicaría".
Los dos consejeros de IU en el Gobierno manifestaron su oposición a este proyecto el mismo día en que se aprobó por el Ejecutivo y su coordinador general y portavoz parlamentario, Jesús Iglesias, consideró "discutible" la fórmula aplicada por el Gobierno.
El acuerdo contempla que la administración autonómica adquiera la parcela y pague 176 millones aunque lo hará mediante el sistema de arrendamiento por 30 años para, transcurrido ese periodo, pasar a ser propiedad del Principado.
La nueva sede judicial incrementará en un 135,3 por ciento el espacio destinado e los servicios judiciales que actualmente se encuentran diseminados por Oviedo en diferentes sedes, hasta llegar a 60.000 metros cuadrados.
El nuevo edificio judicial tiene un plazo de construcción de 30 meses y las obras podrían empezar este año, una vez que al Ayuntamiento de Oviedo conceda la licencia de obra.
La superficie estimada del nuevo edificio judicial asciende a 60.000 metros cuadrados, que se levantarán en parte de una parcela de 15.477 metros cuadrados.
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