Bruselas.- La Comisión Europea volvió hoy a pedir que se den a conocer los resultados de las pruebas de resistencia efectuadas a los bancos europeos, algo a lo que España no se opone, aunque es partidaria de dejar para una segunda fase la publicación de la información sobre entidades individuales.
Los Veintisiete encargaron en mayo pasado al Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS, en sus siglas en inglés), en el que están representadas las autoridades de supervisión de todos los Estados miembros, la realización de un test para evaluar la solidez de las entidades bancarias trasnacionales.
El objetivo de este ejercicio, cuyos resultados deberán estar listos en el mes de septiembre, es determinar si hace falta elevar las exigencias de capital a los bancos.
Los supervisores nacionales son los encargados de decidir en cada caso a qué entidades someten a examen -en principio, aquellas con actividad trasnacional "de importancia sistémica"-, así como el método de evaluación y la publicidad que darán a sus conclusiones.
Por todo ello, los resultados serán, con toda seguridad, menos homogéneos y determinantes que en Estados Unidos, donde, tras estudiar la situación de los diecinueve mayores bancos del país, las autoridades llegaron a la conclusión que diez de ellas requerían recapitalizaciones para garantizar su solidez.
Al término de la reunión mensual del Ecofin (Consejo de Ministros de Finanzas de la UE), el titular europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, apuntó que algunos socios creen las pruebas deberían armonizarse a nivel comunitario y los resultados tendría ser dados a conocer.
Almunia recalcó que la Comisión no puede imponer a los supervisores nacionales lo que deben hacer, pero dejó claro que Bruselas es partidaria de la transparencia.
"La máxima transparencia (sobre la situación en los mercados financieros) es necesaria para la recuperación", señaló el comisario.
También afirmó que si se concluye que hace falta inyectar capital a las entidades, habrá que hacerlo, con aportaciones públicas en caso necesario.
Recordó, asimismo, que en muchos casos las ayudas públicas deben ir seguidas de procesos de reestructuración de las entidades e insistió en que, sin afrontar ese problema, no será posible restaurar la confianza en el sector financiero ni normalizar los flujos de crédito.
Por parte española, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se mostró convencida de que las entidades españolas van a tener un "comportamiento excelente" en este tipo de pruebas y aseguró que el Gobierno no tiene "ningún problema" en que se hagan públicos los datos de cada banco, aunque más adelante.
En una primera etapa y hasta que se compruebe la perfecta coordinación del sistema, explicó, "estamos más de acuerdo en que se ofrezcan sólo los datos agregados".
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