Corbacho pide el máximo acuerdo y consenso para la ayuda de los 420 euros

Madrid.-  El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, pidió hoy el máximo acuerdo y consenso a los grupos parlamentarios y a los sindicatos para aprobar el real decreto que regula la ayuda de los 420 euros a los desempleados que hayan perdido la prestación desde el 1 de agosto.

Así lo manifestó el ministro durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados para informar sobre el desarrollo y situación actual del diálogo social, tras su ruptura a finales de julio, y para explicar la medida de los 420 euros.

Corbacho acusó a la CEOE de haber sido la responsable de esa ruptura y apostó por mantener el proceso del diálogo, aunque consideró que "deben desaparecer los condicionantes y posturas intransigentes" que impidan alcanzar acuerdos.

Como consecuencia de esta ruptura, el Gobierno decidió aprobar el decreto ley con la ayuda, que consideró "urgente e inaplazable" ante la actual situación económica y adelantó que los servicios públicos de empleo han reconocido a fecha de ayer 5.000 solicitudes.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, pidieron un cambio de planteamiento en las políticas sociales del Gobierno y abogaron por menos subsidios y más creación de empleo.

El diputado del PP José Ignacio Echániz calificó esta ayuda como la medida "estrella del verano" con la que el Gobierno ha querido "engañar" a los parados y como "un auténtico monumento a la improvisación y a la chapuza".

También desde el PP, Álvaro Nadal reclamó reformas estructurales como la laboral y avanzar en políticas de formación profesional y ocupacional.

El ministro pidió "coherencia" al principal partido de la oposición y que no se "rasgue las vestiduras" ante la medida de los 420 euros, al tiempo que le acusó de que las rentas básicas en las comunidades que preside son inferiores a esa cantidad.

Durante su comparecencia, Corbacho recordó que el Estado es responsable de las políticas activas de empleo y del pago de los subsidios cuando se agota esa prestación, pero que cuando las personas agotan ambos regímenes, "la competencia directa y exclusiva es de las comunidades autónomas".

También explicó que el Ejecutivo no ha creado más obligaciones para las comunidades de las que ya tienen, y dijo que es "consciente" de que la nueva situación está generando más trabajo para los servicios públicos de empleo y para las autonomías.

No obstante, advirtió de que el Estado también tiene sus limitaciones y que el coste mensual de las prestaciones que sufraga asciende a 2.600 millones de euros.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, además de decir que con esta medida el Gobierno ha hecho "mucho ruido y pocas nueces", también le acusó de ser el principal responsable del bloqueo del diálogo social y de haber buscado un "culpable" (en relación a la CEOE) ante la opinión pública.

Emilio Olabarría, del PNV, calificó la ayuda de "inconexa y sin consenso social" y aseguró que sin el apoyo de los agentes sociales "es muy difícil llevar a cabo reformas estructurales importantes".

El diputado de IU Gaspar Llamazares exigió a Corbacho que modifique la medida para que puedan acceder a la ayuda la mayoría de las personas que no tienen prestación por desempleo, mientras que desde ERC, Joan Tardá vinculó su ayuda al Gobierno a que se modifique o que se complemente con otras ayudas ya existentes.

Tras su comparecencia, y en declaraciones a la prensa, Corbacho dijo que el Gobierno estudiará las propuestas de la Generalitat de Cataluña y la FEMP de que los parados puedan optar a un subsidio de 200 euros que se sumaría a los 420 propuestos por el Gobierno, aunque señaló que su aprobación es "compleja" desde el punto de vista jurídico.