Río de Janeiro.- El Ministerio Público de Brasil ordenó hoy a las autoridades medioambientales que debatan el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte con los pueblos indígenas que se verán afectados por la que será la mayor represa de la Amazonía.
Según el dictamen, los responsables del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) tendrán que visitar las aldeas indígenas del sur del estado de Pará vecinas a la gran central, que cuando funcione a pleno rendimiento tendrá una capacidad de generación de 11.233 megavatios.
El Ibama había convocado cuatro audiencias en las ciudades cercanas a la represa, lo que el Ministerio Público (fiscalía) consideró "insuficiente", por lo que determinó que se visite las aldeas indígenas y las comunidades de agricultores y pescadores que viven en la ribera del río Xingú.
"El número de audiencias es pequeño, dada la dimensión del proyecto y la cantidad de comunidades que van a ser afectadas", indicó el órgano en un comunicado.
Según los estudios iniciales, Belo Monte va a inundar un área selvática de cerca de 440 kilómetros cuadrados, lo que afectará directa e indirectamente a 66 municipios y once tierras indígenas.
En la ciudad de Altamira (Pará), un municipio selvático cuya extensión es equivalente a la de Túnez, cerca de 20.000 personas van a ser desalojadas, señaló el comunicado.
El Ministerio Público también calificó la agenda de audiencias como "apretada", puesto que las cuatro citas están marcadas en apenas cinco días a partir de mañana, lo que "dificulta" la comparecencia de los interesados y "deja la sensación" de que el Ibama "está más preocupado en apresurar el proyecto que en debatirlo".
El procurador de la República, Rodrigo Costa e Silva, recomendó que se celebren por lo menos trece audiencias más y recordó que la gran mayoría de pueblos ribereños e indígenas no tienen acceso a carreteras o medios de locomoción terrestres.
La exigencia del Ministerio Público fue realizada formalmente como una "recomendación" que, si no es atendida en un plazo de cinco días, podría derivar en un proceso judicial contra el órgano público encargado de la licencia de la represa.
El Gobierno prevé celebrar la licitación de Belo Monte el próximo diciembre e inaugurar la central en un plazo cercano a cinco años, después de invertir cerca de 8.000 millones de dólares en la obra.
El proyecto de esta central arrancó en la década de los 70, aunque se aplazó por las presiones de los grupos ecologistas, que obligaron a introducir numerosas y sustanciales modificaciones para reducir el impacto sobre la selva.
Una vez que esté terminada, la represa generará el 11% de la energía eléctrica que el país demanda en la actualidad y sólo será menor que la central de Itaipú, que Brasil comparte con Paraguay, y en la actualidad es la mayor del mundo en funcionamiento.
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