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La Fiscalía quiere juzgar en la Audiencia Nacional a los neonazis más organizados

EFE
Actualizado 11-09-2009 18:27 CET

Madrid.-  La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que los miembros de algunas bandas de neonazis, en los casos de grupos organizados "de más entidad" por su proyección nacional o internacional, sean juzgados en este tribunal.

Fuentes del Ministerio Público han explicado a Efe que la iniciativa no trata de anular la capacidad de las Fiscalías territoriales de actuar contra estos grupos, como recientemente se ha hecho en Toledo contra los "Ultras-Tala" y en Madrid contra los "Hammerskin".

Así, la tarea del fiscal coordinador designado en la Audiencia Nacional, Daniel Campos, se centrará en la persecución de los grupos que, sin tener un carácter terrorista, tengan como finalidad subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o cometer delitos contra la integridad de miembros de determinados colectivos sociales.

La iniciativa de la Fiscalía responde al crecimiento cuantitativo de la actividad criminal de estos grupos en los últimos tiempos, que en muchos casos ha venido acompañado de la mejora de sus estructuras y de la expansión de sus actividades criminales, que no se desarrollan ya en el territorio de una sola provincia.

En este sentido se ha pronunciado hoy el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, que ha dicho que se trata de "complementar" la actuación de las Fiscalías territoriales aplicando el artículo 577 del Código Penal en los casos en los que se entienda que la acción de estos grupos tiene como finalidad "subvertir el orden constitucional".

Este precepto, que no exige la integración en una organización terrorista, "se está aplicando ya a grupos antisistema y de carácter anarquista cuando cometen diversos delitos, y por la misma regla de tres es posible también aplicarlo a los neonazis", ha declarado Zaragoza a los periodistas tras la presentación en Madrid del libro "Hablan las víctimas. Una visión íntima".

El artículo 577 castiga a quienes "sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista" cometan homicidio, lesiones, daños, secuestros o amenazas "con la finalidad de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social político o profesional".

La pena aplicable a cada caso es la correspondiente a cada uno de esos delitos en su mitad superior.

Para el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, perseguir a este tipo de organizaciones "siempre es positivo" y cree que la iniciativa de la Fiscalía es "un punto de partida interesante".

En un encuentro con periodistas, Juanes ha recalcado que no le corresponde a él valorar las competencias que tiene la Audiencia Nacional, y, por tanto, si este tribunal puede o no investigar a estos grupos en aplicación del artículo 577 del Código Penal.

"Serán los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional y, finalmente, la sala de lo penal la que decidirá si es competente" para investigar estos hechos en aplicación de la legislación vigente, sin que haya ninguna modificación en las competencias atribuidas actualmente a este tribunal.

Juanes, que ha tenido conocimiento de la iniciativa de la Fiscalía a través de los medios de comunicación, ha reconocido que dentro de las modificaciones en el ámbito competencial que propuso la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional al Ministerio de Justicia el pasado julio, no se incluía una concreta en este sentido.

Según han explicado fuentes fiscales, el Ministerio Público quiere "dar una salida procesal y judicial" a la actuación de grupos organizados de cualquier ideología que se incardine en el 577 y cuyo ámbito de actuación "se extienda internacionalmente".

En este sentido, han recordado que en la Audiencia Nacional ya se ha juzgado y condenado a dos años y medio de cárcel a la catalana Núria Pòrtulas, detenida el 7 de febrero de 2007 en Girona, por intentar colaborar con un grupo anarquista italiano proporcionándole información sobre instituciones públicas catalanas.

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