Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, agradeció hoy que la Asamblea General del organismo consensuara incorporar el debate sobre la aplicación de la polémica "responsabilidad de proteger" a la población en la agenda del nuevo período de sesiones que el órgano inicia el martes.
Ban interpretó el respaldo de los 192 países que integran la Asamblea General como "un paso importante" hacia el cumplimiento del compromiso expresado por la comunidad internacional en la Cumbre Mundial de 2005 de evitar la comisión de nuevos genocidios, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad.
"Todo nuestra trabajo debe estar guiado por el objeto final de la responsabilidad de proteger, que consiste en salvar vidas mediante la prevención de las mayores violaciones de los derechos humanos", dijo en una declaración el secretario general de la ONU.
En ese sentido, expresó el deseo de aprovechar la incorporación del debate a la agenda del 64 período de sesiones de la Asamblea General para "profundizar nuestro diálogo sobre cómo implementar de la mejor manera la responsabilidad de proteger".
"Fue muy alentador escuchar a tantos países de todos los rincones del mundo reafirmar en un debate constructivo el compromiso de 2005", agregó.
La Asamblea General de la ONU celebró el pasado junio un intenso diálogo sobre cómo trasladar a la realidad el principio de la responsabilidad de proteger a la población abrazado por los líderes de la comunidad internacional hace cuatro años.
El debate constató la profunda discrepancia que sobre el concepto existe entre aquellos que lo consideran un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, y los que temen que sea una reencarnación del colonialismo.
La gran mayoría de las delegaciones que tomaron la palabra en la reunión del pasado junio apoyaron la idea de convertir en una realidad la promesa adoptada en 2005 de que la comunidad internacional tienen "la responsabilidad de proteger" a las víctimas de genocidios u otros crímenes contra la humanidad.
Ese principio abre la puerta a la intervención internacional si un Estado incumple la obligación de proteger a su población de atrocidades, como sucedió en el genocidio de Ruanda en 1994.
Países como Venezuela, Cuba o Siria, entre otros, temen que la aplicación de este principio pueda conducir a la vulneración de los principios básicos de soberanía nacional y la no intervención.
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