Zaragoza.- El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, estima "improbable" que prosperase un recurso de inconstitucionalidad contra el sistema de financiación autonómica, puesto que el Tribunal Constitucional (TC) ha establecido jurisprudencia acerca de la competencia "exclusiva" del Estado para dirigir la política económica.
Chunta Aragonesista presentó el 11 de agosto pasado una queja ante el Justicia en la que expresaba su rechazo al acuerdo alcanzado el 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación autonómica, por considerar que éste vulnera el Estatuto de Autonomía de Aragón, en los artículos 108 y 107.5 (sobre un acuerdo bilateral de financiación y sobre los requisitos a tener en cuenta en el reparto de recursos a las autonomías).
En el informe hecho público hoy por el Justicia, según fuentes de la institución, García Vicente recuerda que el TC, "en reiterada y moderna jurisprudencia", ha establecido la competencia exclusiva del Estado para dirigir la política económica, la financiación autonómica y los criterios de reparto.
También ha admitido que se apliquen "con una gran amplitud y tolerancia" los requisitos estatutarios de reunirse en Comisión Mixta el Gobierno Central y los de las Comunidades.
Por eso, en función de esta doctrina, según las conclusiones del informe del Justicia, "el incumplimiento de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón no produce la inconstitucionalidad de la ley posterior que refrenda el acuerdo entre el Estado y la Comunidades Autónomas sujetas al régimen general de financiación", es decir, el acuerdo para la reforma del modelo de financiación autonómica.
García Vicente ha remitido hoy al Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) y al Gobierno de Aragón su informe, en el que se recuerda que el Estatuto de Autonomía en vigor concede "apoyo legal" al Ejecutivo autonómico para solicitar que "se formalice" o reúna la Comisión Mixta especial prevista en el artículo 108 del Estatuto para llegar a un acuerdo bilateral de financiación, permanente, que tenga en cuenta las especificidades de Aragón reconocidas.
Además, en el artículo 107.5 se dispone que "la estructura territorial y poblacional, y especialmente el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales" son características peculiares de Aragón que deben de tenerse en cuenta en la asignación de recursos para suplir los sobrecostes que origina la prestación de servicios públicos.
Analizando el sistema anterior y el nuevo, prosigue el informe del Justicia, se llega a la conclusión de que "la mayoría de estas especificidades" han disminuido su cuota en el fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que representa el ochenta por ciento de la cuantía total de lo que se transfiere.
Para determinar el volumen de fondos asignados a Aragón hay que tener en cuenta también el esfuerzo fiscal, los desequilibrios territoriales y el resto de las vías por las que se financia a la Comunidad -Presupuestos Generales del Estado y fondos de compensación-, así como los principios de solidaridad, esfuerzo fiscal, volumen de servicios y garantía de un nivel mínimo de la prestación de servicios en todo el territorio español.
Analizar todas estas variables en su conjunto para determinar si se garantiza un nivel de prestación de servicios semejante a otras Comunidades, añade el informe del Justicia, supone "juzgar la acción política de Gobierno" y, por tanto, ir "más allá del análisis de las especificidades que establece el Estatuto de Aragón".
Así pues, se trataría, en su conjunto, de valorar la "acción política" del Gobierno, algo que "está fuera del control" del Justicia y de los Tribunales y que debe de hacerse "fundamentalmente en sede parlamentaria".
Pero como el Estatuto de Autonomía confiere al Justicia la defensa del propio Estatuto, García Vicente manifiesta su apoyo al Gobierno de Aragón "para que llegue tan lejos como sea posible en la negociación de todos los recursos de financiación" e insta a los diputados de las Cortes a que "asuman esta postura".
En todo caso, García Vicente reconoce como un "dato objetivo" que Aragón, si se cumplen las previsiones recaudatorias, "va a recibir más recursos" que con el acuerdo anterior, pero éstos van a crecer menos que en otras Comunidades Autónomas.
Por eso, el Justicia recomienda que se analice la posibilidad de desarrollar legislativamente el Estatuto, mediante un acuerdo con el Estado, hacia un sistema de convenio más amplio que el actual.
Pero consciente de las dificultades de alcanzar este objetivo, insta a impulsar, junto a otras Comunidades "un cambio del sistema de financiación autonómico general que, respetando los principios de igualdad, solidaridad, lealtad institucional y las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, fije unos criterios mínimos de reparto que no dependan de factores "coyunturales" o de "política menor", como número de votantes, conflictividad o afinidad política.
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