Palma.- La jueza del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que asuma el caso "Can Domenge" al observar indicios de delito en la actuación de los aforados Miquel Nadal (UM), conseller de Turismo del Govern, y Bartomeu Vicens, diputado autonómico.
Fuentes judiciales han confirmado a EFE que la jueza ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB para que continúe con la instrucción de esta causa, donde se investiga un presunto caso de corrupción derivado de la venta a la empresa Sacresa de este solar público palmesano por valor de 30 millones de euros.
Según un informe de Hacienda encargado por la jueza, el precio de mercado del solar en el año de la venta en 2006 era de 57,8 millones de euros, 28,9 millones menos que lo que debía pagar la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacresa Terrenos Promoción SL y Construcciones Pedro Ferrà Tur.
En la pasada legislatura, Nadal era vicepresidente del Consell de Mallorca y Vicens, conseller de Territorio de esta institución.
El primero es actualmente conseller de Turismo y el segundo es diputado en el grupo mixto, después de que su partido le suspendiera temporalmente por su implicación en otro presunto caso de corrupción, Son Oms, referido a la urbanización de este polígono industrial de Palma.
La investigación judicial del caso Can Domenge se inició cuando el Grupo Núñez y Navarro presentó en 2007 una denuncia porque el concurso de enajenación de Can Domenge, un solar de 52.000 metros cuadrados, presentó una oferta de 60 millones de euros y, sin embargo, el Consell de Mallorca se decantó por otra sensiblemente inferior.
Núñez y Navarro se querelló contra todos los consellers de UM, que gobernaban el Consell en la pasada legislatura, y los del PP, que les daban su apoyo y que, conjuntamente, dieron el visto bueno en sesión plenaria a la venta de Can Domenge.
En esta causa se investigan la comisión de supuestos delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración pública.
Según el auto redactado por la jueza, el Consell adjudicó un inmueble "por un precio muy inferior al del mercado mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación del inmueble".
El pasado jueves, la jueza fijó una fianza por responsabilidad civil de 38,5 millones de euros a Sacresa y Ferrá Tur y al ex conseller de Hacienda del Consell y actual presidente de UM, Miquel Ángel Flaquer.
En la actualidad, UM cuenta en el Parlamento balear con dos diputados -María Antonia Munar y Josep Melià- que, junto al voto de Bartomeu Vicens, del grupo mixto, hacen posible que salgan adelante las iniciativas del Govern balear integrado por seis partidos y presidido por el socialista Frances Antich.
El abogado del presidente de UM interpuso un recurso a la fianza dictada por la jueza. Flaquer aseguró a principios de mes que él se limitó "a cumplir con sus obligaciones" como conseller de Economía y Hacienda y que no realizó ninguna actuación "punible".
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