Campaña por la eliminación de símbolos religiosos en edificios públicos

La campaña “¿Símbolos religiosos en edificios públicos? Ni de coña. ¡Denúncialos!” pretende poner de manifiesto la discriminación positiva que, por parte del Estado, se practica con la Iglesia católica y con sus iconos tradicionales. Ya no se trata solamente del crucifijo. La instalación de belenes en edificios de titularidad pública no puede aceptarse como una concesión a un “espíritu navideño” exento de connotaciones confesionales. Por el contrario, se trata de una simple y machacona propaganda religiosa, que atenta contra el principio de laicidad establecido por la Constitución. El espacio público es de todos, y una confesión religiosa no puede imponer sus símbolos en él.

Suponemos a todas/os nuestras/os socias/os y simpatizantes enterados de la polémica creada alrededor de la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, por la cual se obligó a la dirección de la escuela pública Macias Picavea a quitar los crucifijos expuestos en las aulas. Nuestra valoración no puede ser sino positiva con respecto a esta sentencia dictada por el juez Valentín Sastre, sin dejar de observar una necesaria cautela en cuanto al recurso anunciado por parte de la Junta de Castilla-León.

Dos aspectos de la sentencia nos parecen interesantes. Primero, la desestimación del recurso de alzada del Consejo Escolar, que trataba de desligar el crucifijo de su significado religioso, alegando connotaciones inherentes al "acervo cultural y social de nuestro país". Segundo, la distinción entre proselitismo "lícito" e "ilícito" de acuerdo con varias resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en especial con la sentencia "griega" del 25 de mayo de 1993, que habla específicamente de "presión sobre personas en situación de debilidad" en referencia al proselitismo abusivo de las iglesias.

El primer punto ya propone una interpretación del laicismo alejada de lo que algunos teóricos católicos, sobre todo franceses e italianos, definen como "laicismo inclusivo", y que pretende, en la línea de una estrategia paralela a la desarrollada por la Conferencia Episcopal Española, la identificación del crucifijo con una "herencia cultural y filosófica" europea, llegando incluso, como ha argumentado recientemente su reelegido Secretario General y Portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, a definirlo como un "símbolo de la separación entre las iglesias y el Estado". Afortunadamente, la corriente laicista mayoritaria en España tiende hacia una versión mucho más clara en los aspectos concretos que definen la neutralidad absoluta de las instituciones públicas frente al hecho religioso.

El segundo punto ha servido además para una correcta aplicación del significado del artículo 16 de la Constitución. Que ninguna confesión tenga carácter estatal implica que el “Estado no puede adherirse ni prestar su respaldo a ningún credo religioso”, y por lo tanto que no se puede propiciar que una parte de la ciudadanía se sienta más o menos discriminada por motivos religiosos.

No se trata ahora, de acuerdo con nuestra estrategia, de realizar un inventario de los centros educativos públicos en los que subsisten todavía símbolos religiosos. Por el contrario, entendemos que la sentencia de Valladolid ha de servir de punto de partida para un proceso de "desclericalización" de la sociedad española en su conjunto, que no afecte únicamente a las escuelas -el caso de la instalación de belenes en diversos edificios públicos se inserta en la misma problemática, por ejemplo- sino que se amplíe a todas aquellas circunstancias en que se hace patente la escasa neutralidad del Estado en cuanto a la exhibición de iconos religiosos: oficinas municipales, cuarteles, comisarías, hospitales públicos, Ministerios, empresas del Estado, delegaciones de Hacienda, Ayuntamientos, etc.

Es teniendo esto en cuenta que la FIdA presenta hoy esta campaña de presión, por la que se propiciará y desarrollará una escalada de iniciativas legales, haciendo así posible que los temores de la Conferencia Episcopal se materialicen en acciones concretas.

La campaña “¿Símbolos religiosos en edificios públicos? Ni de coña. ¡Denúncialos!” pretende poner de manifiesto la discriminación positiva que, por parte del Estado, se practica con la Iglesia católica y con sus iconos tradicionales. Ya no se trata solamente del crucifijo. La instalación de belenes en edificios de titularidad pública no puede aceptarse como una concesión a un “espíritu navideño” exento de connotaciones confesionales. Por el contrario, se trata de una simple y machacona propaganda religiosa, que atenta contra el principio de laicidad establecido por la Constitución. El espacio público es de todos, y una confesión religiosa no puede imponer sus símbolos en él.

Hemos preparado un modelo de RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA válido para presentar en cualquier organismo público. No se trata de una denuncia que deba ser presentada ante los tribunales, sino de una instancia de queja por la que se exige la inmediata retirada de los símbolos religiosos de que se trate en cada caso, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución española y con la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Os animamos a que presentéis esta reclamación cuando encontréis cualquier tipo de simbología religiosa en despachos y edificios públicos, remitiéndonos después una copia de la misma a fida(arroba)federacionatea.org para que podamos llevar un control de todas estas situaciones y, llegado el momento, presentar ante los juzgados la correspondiente denuncia.

Podéis también adjuntar fotografías, tanto junto a la reclamación como en la copia que nos remitáis. Se irá elaborando un informe detallado de todas estas situaciones de irregularidad, y las fotografías serían un elemento de prueba a adjuntar a las denuncias. ¿Cómo podrían los medios de comunicación ignorar la presentación de quince, veinte o cien reclamaciones por todo el Estado español? Al ser en varias ciudades simultáneamente, y tras la polvareda levantada por el asunto de los crucifijos, se alentaría el debate a escala nacional y autonómica, en periódicos y emisoras de radio. También se provocaría la reacción de los políticos y del clero. Es lo que buscamos, que la gente se plantee que eso a lo que estamos acostumbrados no es normal: ¿Qué pinta un hatajo de funcionarios dedicando horas y horas a montar un belén en una oficina pública?

Se trata de algo muy fácil de hacer. Salir con la cámara o con el móvil y hacer un par de fotos, rellenar el escrito de reclamación y presentarlo en el organismo correspondiente. Es importante que las fotografías no sean primeros planos de los belenes, los crucifijos, las imágenes, carteles o figuras religiosas, pues no nos interesan éstos por sí mismos, sino el contexto en donde se encuentran. Por ejemplo, si están en un hospital público, sería interesante fotografiarlo de lejos para ver el lugar que ocupan y a ser posible con alguien de bata blanca pasando por allí. Creemos que la idea está clara. No enviéis las imágenes con alta resolución, basta con un tamaño medio de 100kb.

Tenemos que dar la batalla por desalojar a las confesiones del espacio público, si queremos que esto, algún día no muy lejano, llegue a ser de verdad una sociedad laica, donde se respete a todo el mundo, pero donde nadie intente imponer sus creencias (sobre todo si son absurdas y dañinas) a los demás.

¿Te animas a colaborar?

Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ateos (FIdA)