Gobierno venezolano y universidades privadas logran acuerdo para regular las protestas

Caracas.-  Representantes del gobierno y de las principales universidades privadas del país llegaron hoy a un acuerdo para regular las protestas estudiantiles y evitar que los ciudadanos ajenos a los conflictos sufran las consecuencias.

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(EFE)

Líderes estudiantiles opositores al gobierno y pro-oficialistas se responsabilizan mutuamente de lo ocurrido y han pedido a la Fiscalía que investigue el caso, con el fin de identificar y castigar a los culpables.

"Llegamos al acuerdo de que los rectores y las autoridades universitarias, dentro de sus posibilidades, insten a los alumnos al respeto de los derechos de los demás ciudadanos y evitar el cierre de vías", dijo el ministro del Interior, Pedro Carreño, a la prensa.

"En caso tal de que se suscite un cierre de vías, nos veremos en la imperiosa necesidad de restablecer la vialidad a través del uso de los órganos de seguridad ciudadana", añadió el funcionario, tras reunirse con los rectores de las más renombradas universidades privadas.

En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio del Interior, estuvieron presentes el fiscal general de la nación, Isaías Rodríguez, el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, y mandos de los cuerpos de seguridad del Estado encargados del orden público.

"Llegamos al acuerdo de que cuando una protesta, aun siendo autorizada, se transforme de pacífica a violenta, de manera automática los órganos de seguridad ciudadana pasarán a disolverla, porque así lo establece la ley", advirtió Carreño.

El ministro explicó que no puede permitirse que pequeños grupos de estudiantes cierren tramos de autopistas aledaños a sus casas de estudios y provoquen kilométricos atascos, con miles de horas-hombre perdidas, que molestan a quienes los padecen.

Además, el acuerdo se produjo luego de que el pasado miércoles se registraron violentos incidentes en el campus de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en los que resultaron heridas nueve personas, dos de ellas de bala.

Líderes estudiantiles opositores al gobierno y pro-oficialistas se responsabilizan mutuamente de lo ocurrido y han pedido a la Fiscalía que investigue el caso, con el fin de identificar y castigar a los culpables.

La actual crisis estudiantil tiene como fondo la confrontación entre quienes aprueban la reforma constitucional promovida por el presidente Hugo Chávez y quienes la rechazan.

Estos últimos sostienen que la mayoría de la población no conoce los verdaderos alcances de la reforma y, por lo tanto, no está en capacidad de tomar una decisión consciente en el referendo que el próximo 2 de diciembre decidirá su aprobación o rechazo.

En consecuencia, pidieron el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia que suspenda la consulta o que, en su defecto, la aplace unos tres meses.

El proyecto impulsado por Chávez implica la modificación de 69 artículos de los 350 de la Constitución de 1999 y, según el gobierno, tiene el propósito de "profundizar" la revolución socialista y bolivariana.