Bogotá.- El gobierno colombiano presentó al Congreso la ley que busca elevar a esa categoría dos instrumentos de la Corte Penal Internacional (CPI) que fueron aprobados en 2002, informaron hoy fuentes oficiales.
El proyecto busca elevar a la categoría de ley las "Reglas de procedimiento y prueba" y los "Elementos de los crímenes", aprobados en 2002 por los Estados parte de la Corte Penal Internacional.
El proyecto busca elevar a la categoría de ley las "Reglas de procedimiento y prueba" y los "Elementos de los crímenes", aprobados en 2002 por los Estados parte de la CPI.
Colombia, señaló el Gobierno, espera que ambas normas se conviertan en ley, pues considera que no sólo es conveniente, "sino también necesaria su aprobación legislativa, así como su posterior revisión constitucional".
Las "Reglas de procedimiento y prueba" buscan facilitar el cumplimiento de los objetivos de la CPI, al establecer disposiciones de carácter procesal que permitan la aplicación práctica del Estatuto de Roma con respecto a las normas y principios fundamentales del debido proceso penal.
Dichas reglas cubren prácticamente todos los asuntos a los que se refiere el Estatuto, que son necesarias para la normal operación de la CPI, excepto en la definición de los crímenes, que es el objeto del los "Elementos de los crímenes".
El Estatuto contiene principios generales y disposiciones que los desarrollan.
Las "Reglas de procedimiento y prueba" son un instrumento complementario que se encarga de desarrollar los temas que así lo requerían, de conformidad con el Estatuto de Roma, que fue aprobado por el Congreso colombiano, declarado ajustado a la Carta Política del país por la Corte Constitucional.
Las "Reglas de procedimiento y prueba" son parte de la reglamentación del Estatuto de Roma que le permiten a la Corte Penal Internacional contar con un mecanismo adecuado para el cumplimiento de sus fines esenciales.
En cuanto a los "Elementos de los crímenes", buscan garantizar el principio de legalidad "nullun crimen sine lege" (no hay delito sin ley) para permitir tipificar claramente las conductas delictivas, toda vez que la enunciación de los distintos delitos que trae el Estatuto es de carácter general.
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