Bogotá.- El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, señaló hoy que no habrán excarcelaciones de personas presas por presuntos vínculos con paramilitares y que el juez que falló a favor de estas será investigado por supuesta prevaricación.
"Para la Fiscalía es una extravagancia jurídica que debemos enderezar, es contrario a derecho y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", dijo el fiscal general a periodistas.
Iguarán explicó que la decisión del juez penal de Lorica (noroeste), Manuel Salvador Benedetti, quien cambió la tipificación del delito de concierto para delinquir agravado por el de concierto para delinquir simple, "no implica el levantamiento de la medida de aseguramiento" (detención) contra los dirigentes políticos.
Esas dos conductas son investigadas por la justicia especializada, indicó Iguarán.
El fiscal general añadió que si bien su despacho acata la decisión del juez Benedetti, esta "será impugnada".
A su juicio, al juez no le correspondía fallar una tutela (recurso de amparo) contra un fiscal especializado y consideró que con la sentencia "desconoció abiertamente" la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
También anunció que la Fiscalía "iniciará una investigación" contra el juez Benedetti, por haber cometido presuntamente el delito de prevaricación.
El abogado Abelardo de la Espriella, defensor de varios de los implicados en este caso, señaló que el cambio de la figura del concierto para delinquir agravado por la de simple es un derecho fundamental que debe cobijar a sus defendidos en virtud del principio de favorabilidad.
El juez de Lorica favoreció con el recurso, entre otros, al ex alcalde de la localidad de San Antero, en el departamento de Córdoba, Wilmer Pérez Padilla, sentencia que se puede extender a los involucrados en el llamado escándalo de la "parapolítica".
La viceministra de Justicia, María Isabel Nieto, anunció también que el fallo "será apelado" por el Gobierno.
Unos veinte congresistas, ex legisladores y ex funcionarios colombianos permanecen detenidos, algunos desde hace un año, por orden de la Corte Suprema de Justicia bajo el cargo de concierto para delinquir agravado.
Algunos de los beneficiados fueron acusados de haber suscrito el "pacto de Ralito", un documento firmado en julio de 2001 con jefes paramilitares, "para refundar la patria".
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