La Ley de Educación de Cataluña hará obligatoria la etapa de 3-6 años y evaluará a los docentes

Barcelona.-  La Ley de Educación de Cataluña, que definirá por primera vez el modelo educativo catalán, establecerá la obligatoriedad de la etapa de los 3 a los 6 años y prevé la evaluación de los docentes y los centros escolares, que tendrán más competencias.

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(EFE)

El conseller de Educación, Ernest Maragall.

Estas son algunas de las novedades que recogerá esta ley, comprometida en el pacto de la Entesa, y que el conseller del ramo, Ernest Maragall, confía en que pueda recibir la luz verde del Parlament en algún momento del año 2008.

Maragall ha adelantado hoy en una conferencia de prensa abierta a altos cargos del departamento de Educación que su equipo tiene muy adelantado el articulado de la ley, y que de inmediato hará llegar un documento con las bases a los representantes de la comunidad educativa para abrir un debate.

La ley establecerá como obligatorio el segundo ciclo de educación infantil, de tres a seis años, que en la actualidad es sólo optativo pese a ser de obligado ofrecimiento para la Generalitat, aunque en la práctica la gran mayoría de los menores están ya escolarizados a los tres años.

Las ampliadas competencias de la Generalitat en materia educativa derivadas del nuevo Estatut, permitirán a Cataluña desplegar por ley un modelo educativo propio que girará además sobre tres conceptos: autonomía, dirección y evaluación.

En aplicación del último de ellos, la ley creará un instituto de evaluación y ordenación curricular que hará un seguimiento de los centros educativos y del cuerpo de funcionarios docentes, además de actualizar las funciones de la inspección.

Esta norma marcará la necesidad de un estatuto docente que regule los aspectos generales de la profesión, como la carrera profesional, y se definirá el acceso a la función pública, para el que se requerirá el dominio de una lengua extranjera y el uso normal de las TIC -tecnologías de la información-.

Además, la ley establecerá las prácticas obligatorias para los docentes que se incorporen de nuevo a los centros de tal manera que se convertirán, en realidad, en un sistema de selección real de estos profesionales, ya que podrán ser rechazados del puesto si no cumplen los objetivos.

La apuesta por la autonomía hará que los centros educativos elaboren sus propios proyectos, al tiempo que las direcciones ampliarán sus competencias y podrán, por ejemplo, consolidar su equipo de docentes y administrativos, y definir el perfil del profesor que más les conviene.

Entre otros aspectos, la ley establecerá una nueva organización de la administración educativa basada en zonas, entendida como aquella que contiene, como mínimo, todos los elementos que pueden constituir un servicio educativo completo.