Lima.- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Jorge del Castillo, pidió hoy al Congreso de su país que otorgue mayores recursos a las Fuerzas Armadas y a la Policía para la lucha contra la alianza que ha formado el narcotráfico con los remanentes terroristas.
Miembros del Ejército del Perú custodian paquetes de droga, el pasado 8 de noviembre. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Jorge del Castillo, pidió hoy al Congreso de su país que otorgue mayores recursos a las Fuerzas Armadas.
Del Castillo explicó, durante una presentación en el Legislativo, que las fuerzas de seguridad necesitan "recursos, armamento e inclusive una legislación que no termine inhibiendo" su acción.
El primer ministro acudió hoy al Congreso para explicar los últimos ataques cometidos en la selva por supuestos remanentes de Sendero Luminoso aliados con las bandas del narcotráfico.
Del Castillo señaló que el gobierno de Alan García encontró al iniciar su gestión, en julio del año pasado, que se había producido una drástica reducción de los efectivos militares y policiales que operaban en la selva peruana.
Al respecto, pidió que se revise la decisión que anuló el servicio militar obligatorio porque, según dijo, "hoy día los jóvenes en una zona como esta, donde hay narcotráfico, evidentemente se enganchan con cualquier cosa menos en las Fuerzas Armadas".
Del Castillo explicó posteriormente la política de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en una sesión reservada por tratarse de un tema de seguridad nacional.
El primer ministro se presentó en el Congreso acompañado por los ministros del Interior, Luis Alva Castro, y de Defensa, Allan Wagner.
El Congreso convocó a los tres integrantes del Gabinete después de que cuatro policías murieran en una emboscada con dinamita de supuestos narco-terroristas en la región andina de Huancavelica, el pasado 13 de noviembre.
Unas dos semanas antes, otro policía murió cuando un grupo armado atacó la comisaría de Ocobamba, en la región de Apurímac, aparentemente en represalia por la incautación de droga.
Tras los dos incidentes, políticos de la oposición y analistas cuestionaron la política antiterrorista y de lucha contra el narcotráfico, así como si los autores de los ataques son capos de la droga que utilizan como sicarios a los remanentes de Sendero Luminoso (SL) o de un rebrote del terrorismo.
El Gobierno afirma que los atentados son una "reacción" a los operativos contra el narcotráfico en la zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), que emplea a los restos del grupo subversivo como mercenarios.
El VRAE, una de las mayores regiones con cultivo de coca, es el último reducto de los remanentes de Sendero Luminoso, derrotado política y militarmente en 1992 con la captura de sus principales líderes, según el Gobierno.
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