Kutz defiende el modelo de interrupción de embarazo en Navarra

Pamplona.-  La consejera de Salud del Ejecutivo foral, María Kutz, ha defendido hoy en el Parlamento que la gestión de su departamento respecto a la prestación en Navarra de la interrupción voluntaria del embarazo "se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico".

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(EFE)

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, ha comparecido esta tarde en la comisión correspondiente.

En una comparecencia para explicar a petición de IUN su gestión después de que hace un mes al Cámara aprobara instar al Ejecutivo foral a, entre otros asuntos, garantizar que en toda la red pública sanitaria de la Comunidad Foral haya equipos médico-sanitarios que aseguren esta intervención a todas las mujeres que lo requieran.

Al respecto, la consejera explicó que la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los servicios sanitarios básicos y comunes a todas las Comunidades Autónomas que debe cumplir cada una, aunque, de no ser posible hacerlo en territorio propio, debe posibilitar remitir los casos a otras comunidades para su prestación, como ocurre en Navarra.

"Eso hace concluir que la gestión actual se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico", aseguró Kutz, quien consideró que, pese a que en Navarra no se practican abortos en los supuestos legales ni en la sanidad pública ni en la privada por haber presentado su objeción de conciencia los profesionales sanitarios a los que correspondería, las mujeres que lo demanden tienen el servicio garantizado fuera de Navarra con cargo a la sanidad pública.

En todo caso, alertó sobre el "vacío normativo" existente en torno a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, que "requiere que se elabore una norma estatal" que lo aborde, por lo que anunció que lo planteará al Consejo Interterritorial del Consejo Nacional de Salud.

También insistió en que al ser la interrupción voluntaria del embarazo una prestación básica y regulada como tal para toda España, "yo no voy a regular en Navarra diferente que en Castilla-León o en Andalucía", por lo que solicitó a IUN que, "como parece ser que tiene mucho interés, lo que debe hacer es proponerlo en Madrid".

Así, la consejera incidió en que el problema no afecta sólo a Navarra, ya que "sólo el 3% de las interrupciones de embarazos se realizan en centro públicos", aunque en comunidades como Castilla León, Extremadura o Andalucía no hay ninguno que lo practique, si bien sí los hay privados con los que se concierta el servicio.

Al respecto, consideró que el que sólo un 3% de los abortos legales se practiquen en centros públicos "nos hace pensar en las dificultades concurrentes y los conflictos de conciencia que se plantean", una teoría que dijo se confirma para cuando el Defensor del Pueblo estatal ha anunciado que "va a investigar qué ocurre".

La respuesta de la consejera provocó la "perplejidad" del portavoz de IUN, Ion Erro, al considerar que "no ha contestado" a la cuestión, ya que "en Navarra hay profesionales que no son objetores de conciencia y la mujer navarra no está en igualdad de condiciones a las del resto del Estado español" porque debe desplazarse fuera para abortar.

En todo caso, Erro aseguró que tan sólo el 10% de las mujeres navarras que abortan acuden a la sanidad pública para que gestione la operación en otra Comunidad, lo que constata "el fracaso del sistema, pues más del 90% de las navarras que abortan al año no constan en el registro departamento y tienen que hacerlo por sus medios porque no les es útil" el procedimiento establecido.

Todo ello lo atribuyó Erro al desinterés político de UPN y CDN, a quienes instó a que "Navarra tiene que terminar de competir con el Vaticano para ser la reserva occidental de la moral conservadora".

En la misma línea, la portavoz de Nafarroa Bai, Asun Fernández de Garaialde, aseguró que en Navarra "existen médicos que realizarían" estas intervenciones y "lo harían en la sanidad pública", por lo que instó a Kutz a que "ponga los mecanismos para que se pueda hacer", y apostó por potenciar "la buena educación sexual, que disminuye las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados".

Por su parte, la socialista María Chivite también se mostró "bastante sorprendida" con la exposición de la consejera, a quien preguntó: "¿Quién ha determinado que no es posible cumplir con la interrupción voluntaria del embarazo en este ámbito geográfico? Sabemos que hay personal dispuesto", dijo la portavoz, quien pidió no comparar a Navarra con otras comunidades porque "aquí ni siquiera tenemos asistencia privada" y hay que "expulsar a nuestras mujeres a otras comunidades para ejercer un derecho".

En tono muy diferente intervino el portavoz de UPN, Javier Marcotegui, al asegurar que "el gobierno cumple" y garantiza la intervención, pero "cuestión distinta es que la prestación se haga conforme al interés del demandante, pero de ahí no se deriva que no exista la prestación del servicio de acuerdo con la normativa".