Lima.- Un proyecto de ley que eximiría a los procesados de concurrir a las audiencias públicas generó suspicacias en Perú, al considerarse que favorece al ex presidente Alberto Fujimori, lo que negó hoy el Gobierno de ese país.
Un proyecto de ley que eximiría a los procesados de concurrir a las audiencias públicas generó suspicacias en Perú, al considerarse que favorece al ex presidente Alberto Fujimori (en la imagen).
El proyecto de Ley de Simplificación del Juicio Oral señala que el procesado puede ausentarse de las audiencias públicas y ser representado por su defensor "una vez escuchada la formulación de cargos" y "si ha presentado su declaración (...) o se acoge al derecho de guardar silencio".
La iniciativa del Ejecutivo -firmada por el presidente peruano, Alan García, y enviada al Congreso a principios de mes- también propone que las confrontaciones se realicen "a través del sistema de videoconferencias o de otro sistema de reproducción a distancia".
En este contexto, varios expertos legales consideran que de aprobarse la ley se evitaría que Fujimori sea confrontado a su ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, entre otros testigos.
"No sólo es una iniciativa suspicaz sino también inoportuna. Con esto parecería que ese proyecto tiene nombre propio: el del ex gobernante", opinó un representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, en la edición de hoy del diario Perú.21.
"Evidentemente lo beneficiaría ya que, de aprobarse, no sería necesaria su presencia en los juicios y evitaría la incomodidad de verse con Montesinos. O sea, sería un juicio sin acusados", agregó.
Pero, la ministra peruana de Justicia, María Zavala, defendió hoy que la propuesta legal es "para agilizar los procesos y evitar que se quiebren".
"No puede ser tomado como una ley con nombre propio, ni para casos específicos, ni para favorecer", aseguró Zavala a Radio Nacional, que acotó que la confrontación entre Fujimori y Montesinos será decidido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia "dentro de las actuaciones que se van a realizar".
Por su lado, el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, indicó hoy a Efe que vigilará "cómo avanza el debate en el Congreso".
Si se aprueba la ley, "se denunciará internacionalmente, si fuera necesario, para impedir que se consagre un mecanismo que perturbe y afecte un correcto desarrollo del proceso judicial contra Fujimori", añadió.
El ex presidente Fujimori (1990-2000) está recluido al este de Lima desde que fue extraditado el 22 de septiembre desde Chile por dos casos de violaciones a los derechos humanos y cinco de corrupción.
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