Piden penas de entre 5 y 7 años para dos presuntos etarras en Francia

París.-  La Fiscalía de París pidió hoy penas de siete años de cárcel para el presunto etarra Eneko Aguirresarobe, que tiene causas pendientes en España, y de entre cinco y seis años para Lander Fernández, detenido en Francia junto al primero en noviembre de 2003.

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(EFE)

La Fiscalía de París pidió hoy penas de siete años de cárcel para el presunto etarra Eneko Aguirresarobe (en la imagen) y de entre cinco y seis años para Lander Fernández.

En el juicio celebrado hoy en el Tribunal Correccional de París, el fiscal Pierre Kahn solicitó también que, al término de sus condenas, Aguirresarobe y Fernández sean objeto de una prohibición definitiva de estancia en territorio francés.

El Tribunal Correccional dará a conocer las sentencias el próximo 10 de enero.

Los dos presuntos etarras, arrestados cuando intentaban robar un coche el 18 de noviembre de 2003 en una carretera entre Graulhet y Saint Julien du Puy (suroeste de Francia), eran juzgados por asociación de malhechores con fines terroristas, delito penado con un máximo de diez años de prisión.

Los dos, nacidos en 1980, también están acusados de encañonar y agredir físicamente a un hombre al que intentaron robarle el coche.

Afrontan otros cargos, como tenencia de armas y de documentación falsa española, utilizar coches robados con matrículas falsas y haber intentado robar otros.

Fernández y Aguirresarobe, quienes se quejaron de no tener interpretación en euskera -que no habían solicitado expresamente-, negaron legitimidad al tribunal para juzgarlos y denunciaron el carácter "político" del juicio.

Fernández afirmó que "hace años que el País Vasco está oprimido" y "se defenderá mientras sea atacado", antes de acusar a Francia y España de querer hacerlo "desaparecer mediante la represión".

Declaró que la solución sería "un marco democrático" y "el reconocimiento del derecho a la autodeterminación".

Aguirresarobe dijo que Francia es "cómplice" de España y denunció los "arrestos arbitrarios contra militantes políticos".

En su requisitoria, el fiscal marcó una diferencia entre los dos presuntos etarras.

Consideró a Aguirresarobe un "reclutador" con misiones "en la formación de etarras" que llegaban de España, donde además recordó que se le busca por sus vinculaciones "con la estructura de ETA".

A Fernández lo definió como un "reclutado" sin antecedentes en España y que, según las huellas de ADN encontradas, siguió una formación en un piso de ETA cerca de la ciudad de Le Mans (oeste).

No obstante, el representante del Ministerio Público insistió en que hay un punto común entre ambos, su "mutismo" que, a su juicio, evidencia "una adhesión sin fisuras" a ETA.

"No lamentan nada", subrayó el fiscal, quien apostilló que, "si se presentara la ocasión, volverían a hacer" los delitos por los que son juzgados.

La abogada de la defensa, Yolanda Molina, también puso el acento en diferenciar las eventuales responsabilidades de los dos en la agresión contra un hombre de 67 años, golpeado y encañonado con una pistola cuando intentaba evitar el robo de su coche en una localidad del departamento de Dordogne (suroeste) el 10 de noviembre de 2003.

"No hay absolutamente ningún elemento" que pruebe la presencia en esa agresión de Fernández, subrayó Molina, que pidió su absolución en esos hechos y también negó que éste formara pareja en otras acciones con Aguirresarobe, más allá del día de su detención.

La letrada afirmó que los dos presuntos etarras "no lamentan ser militantes vascos", pero negó que sean terroristas, y vaticinó que en unas décadas "serán reconocidos como resistentes vascos".

Fernández reiteró ante la corte la denuncia que ya había formalizado ante el juez instructor de que durante su detención fue abofeteado y recibió patadas de los policías, que además le amenazaron con hacer venir a guardias civiles españoles.

El fiscal recordó que esas "acusaciones graves" no fueron corroboradas por el informe médico.

Aguirresarobe, natural de San Sebastián, tiene pendiente su entrega a España en virtud de una euro-orden ya aprobada.

En España se le relaciona con la comisión de tres atentados atribuidos al "comando Vizcaya" de ETA en 2003: contra una central eléctrica de Iberdrola y un hotel de Getxo, y la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Santander.