Oviedo.- La diputada regional del PP, Inmaculada González, ha denunciado hoy que el Gobierno regional no ha abonado aún el salario social correspondiente al mes de noviembre porque carece de fondos para hacerlo y no ha tenido la previsión de autorizar un crédito extraordinario.
La diputada regional del PP, Inmaculada González, en el año 2006.
Para González, esta situación no puede consentirse dado que son personas que carecen de recursos y que, en muchos casos, sólo disponen de ese recurso para vivir.
"Es una vergüenza porque para un 70 por ciento de los 12.000 beneficiarios es su único ingreso, entre 300 y 600 euros mensuales, en función del número de miembros de la familia", ha asegurado.
Según la parlamentaria popular, varios beneficiarios del salario social se han puesto en contacto con el PP y con las unidades municipales de trabajo social para denunciar que, a pesar de estar a 13 de diciembre, aún no han cobrado el subsidio.
El salario social se paga a mes vencido, es decir, que el correspondiente a noviembre debería haberse abonado los primeros días de diciembre.
González ha asegurado que esta situación aún tardará en corregirse puesto que debe ser el Consejo de Gobierno el que autorice la petición de ampliación de crédito.
Para este año, el Presupuesto del Principado reservaba una partida de 15 millones de euros para el salario social, si bien las necesidades reales superarán los 16 millones de euros.
Según la parlamentaria popular, si el gobierno aduce que se ha gastado más porque ha tenido que atender a más beneficiarios de los previstos "ha sido por culpa suya, puesto que la Ley del Salario Social contempla la prestación económica, pero también la realización de planes individuales para que salgan del círculo de la exclusión que no se han realizado".
"Este gobierno vende mucho bienestar social, pero al final es mucho humo" ha afirmado González, tras recordar que muchos beneficiarios del salario social podrían haber dejado de percibir la prestación si se hubiesen hecho esos planes de inclusión.
El 60 por ciento de los beneficiarios son mujeres con una media de 50 años con hijos a su cargo, un 20 por ciento son mayores jubilados cuya pensión no llega al 70 por ciento del salario mínimo y que no tienen otros recursos, y el 20 por ciento restante son personas que difícilmente salen de la exclusión, como reclusos o drogodependientes.
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